PSOE acusa al Gobierno de "connivencia política" con los acusados del caso Rilco y procurarles "una tapadera"

El PSOE ha anunciado que va a plantear nuevas iniciativas en el Congreso de los Diputados para evitar la "impunidad" en los "escándalos" ocurridos en la Zona Franca de Cádiz durante el Gobierno de José María Aznar. Ha acusado al actual Gobierno de tener una posición de "connivencia política" con los principales acusados en el 'caso Rilco' --por los exdelegados del Estado en la Zona Franca gaditana Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna--, a quienes afirma que les estaría intentando procurar "una tapadera" con la "aparición" en vísperas del juicio y durante el juicio de informes como el del Ministerio de Industria del año 2003 que pretende dar "visos de legalidad" a la actuación de los reseñados.

El PSOE ha anunciado que va a plantear nuevas iniciativas en el Congreso de los Diputados para evitar la "impunidad" en los "escándalos" ocurridos en la Zona Franca de Cádiz durante el Gobierno de José María Aznar. Ha acusado al actual Gobierno de tener una posición de "connivencia política" con los principales acusados en el 'caso Rilco' —por los exdelegados del Estado en la Zona Franca gaditana Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna—, a quienes afirma que les estaría intentando procurar "una tapadera" con la "aparición" en vísperas del juicio y durante el juicio de informes como el del Ministerio de Industria del año 2003 que pretende dar "visos de legalidad" a la actuación de los reseñados.

Así lo han indicado en una rueda de prensa el presidente de la Ejecutiva provincial del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios, y los diputados Mamen Sánchez y Francisco González Cabaña, miembro este último de la Comisión de Industria, "ministerio heredero del Ministerio de Ciencia y Tecnología" que concedió las ayudas para el portal informático de comercio exterior Rilco que supuestamente fueron defraudados.

De esta manera, este miércoles van a preguntar en sesión de control al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre los fondos Profit que fueron concedidos en su día y que se habrían "malutilizado", tal y como subrayan que "ha dejado claro una sentencia del Tribunal de Cuentas" y están convencidos de que también hará la sentencia del 'caso Rilco'.

Entre las iniciativas a plantear, los socialistas avanzan que pedirán al Ministerio que "requieran la devolución de los fondos que se utilizaron indebidamente para un proyecto que fue un gran fiasco".

Han insistido en criticar la "total ayuda y complacencia" que, a su entender, está manteniendo el PP con los principales acusados en el que consideran "el mayor escándalo de corrupción del PP en Cádiz". Así, han aludido al informe de Hacienda de 2003 que "milagrosamente aparece" para el juicio y al "hecho gravísimo" de que los abogados de los dos exdelegados han presentado en el juicio documentos sobre aquella época que "han sido requeridos por los actuales consejeros del PP en la Zona Franca a la Zona Franca".

Así, critican que los 'populares' "quieren que el juicio lo pierda la Zona Franca en beneficio del PP", cuando lo que tendrían que hacer es "dar explicaciones y pedir perdón". Aseguran, además, que el de Rilco "no es un caso aislado" y han aludido a Quality Food, que están seguros de que también dará "tardes de gloria", al tiempo que han criticado que la actual zona Franca sigue hoy "con la misma operativa de ocultamiento y falta de transparencia".

Por otro lado, han avanzado que las conclusiones definitivas que presentarán a partir del jueves en el juicio por el caso Rilco van "un paso más allá" que las otras acusaciones —las que ejercen la Fiscalía y la Abogacía del Estado en representación de la zona Franca—.

De esa manera, piden diez años de cárcel para Rodríguez de Castro y diez años y tres meses para Miguel Osuna, por considerarlos responsables de delitos de fraude, ya que "fue urdido un plan criminal con el objeto de sustraer caudales públicos"; de prevaricación, un delito continuado de uso de documento mercantil falso, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y encubrimiento continuado. Por ello, pide también que se imponga una multa de diez millones de euros y diez y 20 años de inhabilitación para los reseñados.

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