La Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos ha lamentado este lunes que Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos niños supuestamente asesinados por su padre, José Bretón, en octubre de 2011 en Córdoba, no recibirá "ninguna ayuda" de la Ley de Ayudas a las víctimas de la violencia, 35/1995, que es "el más claro ejemplo de antipatía e insolidaridad con las víctimas de la violencia común" y que mantienen las autoridades, que "luego no tienen empacho en hacerse fotos con las víctimas, a quienes niegan, escamotean y rechazan" con esta ley "por no reconocerlas como tales".

Así lo ha indicado en una nota esta asociación, que informa de que ha intentado por "todos los medios" que dicha ley cambie y se adapte a las directivas europeas "sin conseguirlo" hasta el momento, al tiempo que explican que, además de ser víctimas Ruth y José, también lo son "la madre y los abuelos y demás familiares a quienes ha afectado la violencia ejercida sobre los dos inocentes".

Al respecto, detallan que para que la madre reciba ayudas de esta ley es "preciso" que "se dependa económicamente de los menores fallecidos", algo que es "una aberración, pero es la ley". Así, señalan que "si a la madre se la considerara víctima, tendría sin duda derecho a una ayuda", pero "la única ayuda que puede percibir la madre según la cicatera y desafortunada Ley 35/95 es a ser reintegrada de los gastos de entierro y funeral" y esto "siempre que lo demuestre mediante facturas, con su IVA correspondiente".

En este sentido, subrayan que la violencia "les ha roto la vida" a la madre y familiares, de modo que algunos de ellos "no se recuperará nunca", según advierten desde el colectivo, que indican que el concepto de víctima de "todo aquel que padece los efectos de la violencia" está reconocido por la reciente Directiva del Consejo de Europa de octubre de 2012, "aunque hay textos europeos desde 1983 —Convenio de Estrasburgo— que así lo anticipan".

En definitiva, defienden que "la madre y los abuelos de los niños son víctimas". Sin embargo, lamentan, "las autoridades españolas, entre ellas el Defensor del Pueblo, no reconocen la condición de víctima a estas personas, y por eso no les prestan ayuda", a lo que agregan que la mencionada Ley ha otorgado "muy pocas ayudas" a las víctimas de la violencia y las que conceden son "ridículas e incompatibles con seguros e indemnizaciones". Por todo ello, considera que "esta Ley ofende más que ayuda".