La Diputación de Pontevedra y la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) impulsan la creación de una red de asistencia jurídica a afectados por la comercialización irregular de preferentes y subordinadas, a la que la administración provincial destina 34.584 euros.

El presidente de la Diputación provincial, el popular Rafael Louzán, y el secretario general de Ucgal, Miguel López Crespo, han firmado este viernes un convenio para la puesta en marcha, a partir del martes 18 de junio y durante dos meses, de oficinas de asesoramiento en diversos ayuntamientos de la provincia.

Así, buscan orientar a los afectados a la hora de reclamar la devolución de su dinero por la vía judicial y de orientarlos y asesorarlos en un "momento crucial", según han dicho, como es lo actual, cuando tienen que hacer frente al canje y a las quitas.

Las oficinas se instalarán en el Ayuntamiento de Tui, Ponteareas, Redondela, Cangas, Cambados, A Estrada y Lalín y en las sedes de la Diputación en Pontevedra y Vigo.

Personal cualificado

Las personas que acudan a estos puntos de asesoramiento serán atendidas por personal licenciado en Derecho y "perfectamente conocedores de la problemática de la comercialización de productos híbridos", según han explicado.

Las oficinas estarán abiertas al público de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y, en ellas, los expertos orientarán e informarán a los interesados sobre las posibilidades de acudir a la vía judicial, los pasos que deben dar, la forma de hacerlo, si tienen o no derecho a justicia gratuita, y ofrecerá atención individualizada para que los afectados que decidan acudir a la vía judicial tengan todas las facilidades y la información adaptada a su caso concreto.

"un paso más"

Rafael Louzán y Miguel López coincidieron en destacar la efectividad que el arbitraje ha demostrado en Galicia y calificaron a iniciativa de crear esta red de asesoramiento como "un paso más en la defensa de los que" fueron "engañados". Se trata de que, ante una eventual finalización de los arbitrajes, aquellos que opten por la vía judicial lo hagan con todos los elementos de juicio necesarios.

De esta forma, los abogados que atenderán las oficinas de asesoramiento analizarán las circunstancias de cada afectado; su relación con la entidad; la dinámica de la contratación; los plazos fijos "puente"; el 'Test Mifid'; la posible vulneración de normas de protección al cliente; si puede darse nulidad de los contratos; y, en definitiva, cuantas circunstancias puedan analizarse en un procedimiento judicial.

En este sentido, Louzán quiso resaltar los logros conseguidos en Galicia en defensa de los afectados, incidiendo en que entre 35.000 y 40.000 personas recuperarán el 100% de sus ahorros a través de la vía del arbitraje.

Un logro por el que quiso felicitar "a todos los colectivos" que lucharon para que así fuera, pero también al Gobierno de Galicia y a su presidente, "dado que esta comunidad fue pionera en abrir esta vía y esa implicación" y agilidad en la puesta en marcha de medidas de apoyo a los afectados fue la que hizo posible que haya "un número importante", según ha añadido, de personas que recuperaron su dinero.

Louzán ha calificado esta iniciativa como una "medida efectiva" frente a la retirada de cuentas de Novagalicia Banco, como ha anunciado el Ayuntamiento de Pontevedra, que "no tiene ningún efecto para los afectados, no les ayuda en nada". "Es demagógica y no conduce la nada", ha asegurado antes de afirmar que, si fuera eficaz, "la Diputación sería la primera" en aplicarla.