El secretario xeral de Medio Rural e Montes, Tomás Fernández-Couto, ha reconocido que la Xunta flexibilizó los requisitos de financiación que se establecían a los ayuntamientos en los convenios para constitución de brigadas municipales.

En la comisión de agricultura, los grupos parlamentarios de PSdeG y BNG, a través de sus diputados Pablo García y Tereixa Paz, respectivamente, han advertido de que a 14 de junio la Administración autonómica tiene "todo este tema abierto en canal", ante lo que Fernández-Couto ha remitido a la semana que viene para avanzar en la firma de los acuerdos.

Inicialmente, la Administración demandaba a los consistorios aportar un 25 por cierto del coste de crear estas cuadrillas, que realizarán labores de prevención en los términos municipales pero también participarán en la extinción de incendios.

Además, el alto cargo de la Consellería de Medio Rural ha defendido que estas brigadas, que suponen el regreso a un "modelo" sobre el que los parlamentarios de la oposición se han mostrado contrarios, "van a funcionar perfectamente".

Ha apuntado, asimismo, que su incorporación al dispositivo contra el fuego de la campaña de verano comenzará a partir del 1 de junio, puesto que el término del periodo de alto riesgo está fijado en el 30 de septiembre pero es "una fecha" aproximada.

Por su parte, los portavoces del PSdeG y BNG han coincidido en advertir de la posibilidad de que se produzca un "conflicto laboral" debido a "diferencias salariales" entre los distintos trabajadores del operativo.

Pablo García ha llamado la atención sobre el informe "desfavorable" que tiene este sistema por parte de jefes de de distrito y, en la misma línea, Tereixa Paz ha calificado de "auténtica temeridad" la opción de que los ayuntamientos utilicen personal propio para la conformación de brigadas.

Fernández-Couto ha querido "tranquilizar" a los parlamentarios puesto que, en lo relativo a los convenios con corporaciones locales, ha asegurado, "las cosas son mucho más serias". Así, ha defendido que los operarios deberán pasar "las mismas pruebas físicas" y tener "la misma formación" que aquellos que son contratados por empresas públicas como Seaga.

Por lo que respecta a la flexibilización de exigencias presupuestarias, ha explicado que lo que ha hecho Medio Rural es "trasladar" a los convenios para conformación de cuadrillas "la filosofía" de los convenios sobre motobombas que firman los municipios.

De este modo, los ayuntamientos deberán acreditar que cumplen con el servicio requerido y se tendrán en cuenta los medios propios de los que ya disponen.

Cesión de 14 MOTOBOMBAS

En total, según ha respondido el responsable autonómico a otra pregunta del popular José Manuel Balseiro, la Xunta mantiene 84 acuerdos sobre motobombas y, además, este año, prevé la adjudicación de 14 vehículos para la renovación del parque móvil.

En conreto, la consellería destina más de 1,9 millones de euros a la cesión a los ayuntamientos de 14 motobombas. A través de esta medida, enmarcada en el programa de desarrollo rural sostenible (PDRS) 2010-2014, el departamento que dirige Rosa Quintana busca renovar el parque móvil de vehículos motobomba de los municipios "para la mejora de la eficacia del dispositivo en su conjunto".