La Administración judicial gallega no permanecerá "impasible" ante el "aluvión" de demandas de afectados por participaciones preferentes y subordinadas que esperan para a partir de septiembre, fecha en la que estará operativo un plan cerrado por Xunta, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el que se contemplan, entre otras medidas, servicios comunes de tramitación y refuerzo de plantilla.

Lo ha explicado el vocal para Galicia del CGPJ, Manuel Almenar, en una comparecencia con el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras reunirse la Comisión Mixta. Rueda y Almenar han coincidido en rechazar la decisión de Novagalicia de cerrar el proceso de arbitraje, aunque han avanzado que los juzgados gallegos garantizarán "el derecho a tutela efectiva" de los afectados con un plan que será "espejo" para el resto de España.

Este plan se perfilará en julio con la vista puesta en septiembre, cuando se esperan "miles" de reclamaciones. De momento, Almenar ha concretado que Vigo y A Coruña registran "una media de entre 160 y 170 demandas", una cuantía que es inferior en el resto de ciudades, de forma que, si bien hay casos llamativos como el de Cambados —con cuatro juzgados y unas cien demandas presentadas— la situación no exige un refuerzo inmediato.

Entre las medidas que ha destacado el vocal del CGPJ, ha aludido a la creación de servicios comunes de apoyo para "centralizar la tramitación de procedimientos" en función del partido judicial. Inicialmente se crearán en Vigo y A Coruña, donde residían las sedes de las extintas Caixanova y Caixa Galicia y donde más se han comercializado este tipo de productos, aunque también se dará este paso en el resto de partidos judiciales que sea "preciso".

Dichos servicios se configurarán con "uno o dos gestores, dos o tres tramitadores y un funcionario del cuerpo de auxilio", aunque las autoridades judiciales están dispuestas a reforzar "servicios" donde sea preciso. Al frente estará un secretario judicial y "cuando se considere preciso" por el volumen de demandas, este servicio será la base sobre la que se habilitará "un juzgado bis" con un secretario y un juez al frente.

Además del ámbito organizativo, el plan incluye otras medidas de carácter tecnológico y procesal. El objetivo es garantizar una respuesta "ágil" y evitar "un colapso" frente a la "avalancha" de demandas que se prevé tras el verano. A modo de ejemplo, el vocal del CGPJ ha asegurado tener constancia de un procurador de Vigo que prepara "800 demandas" para "una sola vez".

"autorrefuerzo" de los jueces

Tras agradecer a los jueces que estén "sensibilizados" y el respaldo de la Xunta, ha detallado que los nuevos servicios comunes partirán de los que ya figuran en los decanatos como servicios de apoyo porque se considera que es la solución "más rápida" y "más flexible". Ha insistido en que, inicialmente se activarán en Vigo y A Coruña, donde se esperan más demandas, pero el refuerzo "se hará donde sea necesario".

A día de hoy, cada junta de jueces ha buscado una fórmula distinta para afrontar las demandas por preferentes, de forma que en algunas se turnan entre los distintos magistrados, pero todos "saben del asunto", mientras que en otros casos, como el de Lugo, se han dotado de un juzgado especializado. Por ello, los refuerzos variarán en función "de las circunstancias".

De este modo, se podrán crear "juzgados bis" y se dotarán "los jueces necesarios" en la medida en que el número de asuntos exceda los volúmenes que fija el CGPJ, aunque su representante no ha concretado cifras. Al tiempo, se estudiarán medidas de "autorrefuerzo" para que, en algunos casos, sean los propios jueces quienes, mediante la prolongación de jornada, por ejemplo, hagan frente a la "avalancha" de demandas.

El plan incluye también el refuerzo de las oficinas de atención al ciudadano y, en el ámbito tecnológico, a través de la aplicación Minerva, unificar formularios para agilizar los procedimientos "sin prejuicio" de las excepciones que pueda acordar el juez. Se potenciará también el carácter "telemático" de presentación de escritos y comunicaciones entre las partes, "siempre" con la garantía de "seguridad" en los trámites.

Solución previa a sentencia

En el apartado procesal, se buscarán nuevas fórmulas para la designación de procuradores, evitando siempre que sea posible el desplazamiento físico de los afectados.

Otra de las novedades del plan es que se fomentará que las partes acompañen toda la prueba documental con el escrito de demanda o con el de contestación, en particular todo lo que se refiere a los ejemplares de los contratos, a las comunicaciones entre las partes o al perfil, si es que lo hubiera, que realizase el banco sobre el contratante de este tipo de productos.

El objetivo último es que el juez en la audiencia previa disponga de toda la prueba documental y pueda proponer a las partes una solución al conflicto que "evite la práctica de prueba, llegar a sentencia y eventuales recursos", con lo que se lograría cerrar el pleito con mayor rapidez.

Almenar ha avanzado, asimismo, que los presidentes de las Audiencias Provinciales estarán facultados para convocar plenos y abocar a los mismos cualquier asunto que llegue a través de los recursos de apelación. Dicho asunto se entenderá, así, no sólo conocido por la sección, sino por el conjunto de la Audiencia y ésta fijará un criterio que sea de aplicación en todos los juzgados.

Trabajo conjunto

Rueda y Almenar han explicado que "desde hace meses" se trabaja conjuntamente para preparar a la administración judicial frente a las "miles de reclamaciones" que se esperan relacionadas con la comercialización de este tipo de productos financieros, toda vez que las administraciones "no pueden permanecer impasibles" ante la "grave situación" de miles de familias ni consentir "un colapso".

"Esto no va a ocurrir", ha garantizado Almenar, para defender que el plan garantizará "una tramitación ágil y ordenada" de los procedimientos. Así, cualquier afectado que lo considere oportuno tendrá la oportunidad de acceder a la Justicia de forma "eficaz" y obtener una respuesta en un plazo "en un plazo razonable" sin que ello afecte "al normal funcionamiento" de los tribunales.