Los familiares de dos de los fallecidos en el derrumbe de El Cabildo, y que también residían en el edificio siniestrado, han asegurado que cinco años y medio después del suceso aún tienen secuelas psicológicas, toman tranquilizantes e, incluso, alguno, tiene pesadillas.

"No tengo sueño continuo, tengo bastantes pesadillas. Me veo allí entre los escombros y veo a mi hermano", ha relatado este viernes en el juicio L. G.C, que perdió en el derrumbe del edificio número 14 de la Cuesta del Hospital de Santander en 2007a su madre Gumersinda C. y a su hermano Jesús G.C.

Además de familiar de las víctimas, L.G.C., que ha declarado como testigo en el juicio por el derrumbe de El Cabildo, perdió también en el suceso la casa en la que vivía junto a su marido y su hermano F.G.C., ubicada en el segundo piso, tres más abajo que Gumersinda y Jesús.

Una relación "de familia"

En su declaración, ha explicado que, a pesar de vivir en otro piso del edificio, la relación con su madre y su hermano fallecido era "totalmente de familia", a quien veía "todos los días" y se llevaban "bastante bien".

Además, ha explicado que actualmente toma tranquilizantes, pero no medicación psiquiátrica porque dejó de tomarla ya que era fuerte y no le permitía levantarse todos los días. "Sabes que no van a volver y tienes que tiran con ello para adelante", ha dicho.

A preguntas de las partes, ha señalado que tanto la vivienda de su madre y su hermano —ubicada en el ático del edificio y en la que también vivía en régimen de alquiler el otro fallecido, Teodoro M.F.— como en la que ella residía en el segundo piso estaban amuebladas "completamente".

Ha relatado que pasaron de "no vivir mal" y sin tener que pagar por su vivienda a tenerse que mudar, tras el derrumbe, de alquiler, primero y durante un año en un edificio de la calle Camilo Alonso Vega con su marido y su hermano, cuyo alquiler costeó el Ayuntamiento de Santander, y , posteriormente, en una vivienda protegida del Gobierno regional por la que pagan unos 240 euros al mes.

En el juicio, en el que ya sólo se está dirimiendo la responsabilidad civil del suceso y las indemnizaciones para los afectados después de que la parte penal quedara resuelta por el acuerdo parcial alcanzado por las partes, también ha declarado su esposo, JC.H, su hermano, F.G.C., otro de sus hermanos D.G.C, que no vivía en el edificio, y una prima, M.C., entre otros.

Al igual que su hermana, y cuestionado por los daños morales que reclama por la perdida de sus familiares, F.G.C. ha confirmado que, a pesar de no vivir en la misma vivienda que su madre y su hermano fallecido "hacía vida" con ellos, les veía a diario e, incluso, comía con ellos.

Su otro hermano, D.G.C. ha mantenido en su declaración que, a pesar de no vivir en el edificio, tenía una "relación habitual" con su hermano y su madre y estaba "pendiente" de ellos.

Por su parte, el yerno de Gumersinda, JC.H., ha asegurado que la fallecido era "como su madre", y ha señalado que, a raíz del suceso, recibió asistencia psicológica y psiquiátrica y actualmente toma tranquilizantes pero cada vez se encuentra "peor", tanto por la situación económica como familiar generada tras el suceso en el que perdió "absolutamente todas" sus cosas.

Se ha quejado de que después del derrumbe la Policía Local les "prohibió" acercarse a los escombros para intentar recuperar sus pertenencias y ha denunciado que unos inmigrantes rumanos tuvieron acceso y se llevaron "prácticamente todo".

Otros testigos

A esto también se ha referido otro de los testigos, el propietario de un bajo y de un piso en el edificio siniestrado, que ha explicado que él y su socio adquirieron esas propiedades para poder usarlos como almacén de una tienda de ropa de ceremonia que tenían en la misma zona.

Según ha comentado, en el momento del derrumbe había allí guardadas unas 400 prendas de marcas de "primera línea ", que ha valorado en unos 300.000 euros. Además ha añadido que cuando ocurrió aún no había suscrito seguro para el almacén.

En el juicio ha declarado otro de los propietarios de una de las viviendas del edificio, ubicada en el cuarto piso, que reclama una indemnización de 93.000 por el piso que perdió, y que adquirió por 54.000, más el coste de los muebles que compró.

También en esta sesión ha sido testigo Á.DR., jefe de escalera del edificio siniestrado y padre de uno de los copropietarios del inmueble, que fue el que se puso en contacto con los responsables de la obra del edificio anexo, el número 12, cuando Gumersinda le alertó de la aparición de las grietas en el 14 provocadas supuestamente por estos trabajos y el que "aconsejó" el desalojo de al ingeniero de la obra del 12, Carlos Iturriegui, para el que la pena de prisión se redujo de 4 a 2 años por el acuerdo alcanzado antes de iniciarse el juicio.

Cuestionado por el futuro del solar, este testigo ha recordado que no puede edificarse porque está fuera de ordenación y ha señalado que está en vías de aprobación un Plan Especial de Reforma Integral (PERI) en el que se decidiría el futuro del solar, en el que, según la jueza, esta proyectado un vial, si bien no es seguro que se lleve a cabo.

"Yo creo que no lo veo", ha dicho el testigo en relación al PERI del Ayuntamiento, quien ha opinado que "va para largo" porque la Administración "no tiene dinero". Así, ha señalado que, al no poder construirse nada ahora, los derechos que tienen sobre el solar son los mismos que los que el que tiene un "coche viejo" que "no anda".

El juicio se retomará el lunes, a partir de las 9.00 horas, con la declaración de los peritos.