Un jubilado catalán recurre la decisión del Gobierno central de no revalorizar las pensiones

Un grupo de manifestantes exhiben carteles de protesta durante la manifestación en Bilbao contra los últimos recortes del Gobierno del PP.
Un grupo de manifestantes exhiben carteles de protesta durante la manifestación en Bilbao contra los últimos recortes del Gobierno del PP.
Miguel Toña / EFE
Un grupo de manifestantes exhiben carteles de protesta durante la manifestación en Bilbao contra los últimos recortes del Gobierno del PP.

El Juzgado Social número 33 de Barcelona ha acogido este lunes el primer juicio en Cataluña contra la decisión del Gobierno español de no revalorizar las pensiones y, consecuentemente, no compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas como establece la Ley General de la Seguridad Social.

En noviembre de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que no compensaría el incremento del IPC. Ese año, las pensiones aumentaron un 1% respeto a 2011 mientras que el IPC creció un 2,9%. Para la cooperativa de abogados, el Gobierno se situó "fuera del marco legal vigente y contra los intereses de los millones de perceptores de pensiones" que no vieron satisfecho su derecho a recibir el abono adicional que fija la ley.

El Col·lectiu ofreció de forma gratuita unos formularios para que quienes lo desearan pudieran reclamar la revalorización de su pensión. Domiciano Sandoval es una de las personas que optó por esta opción contra la "flagrante ilegalidad" en la que ha incurrido el Estado.

Convocados por las asambleas del 15-M de Sants y Les Corts, una veintena de pensionistas se han concentrado ante los juzgados, en la ronda de Sant Pere, para presentar conjuntamente sus respectivas demandas y apoyar a Domiciano.

Estas asambleas de barrio han organizado varias campañas de información y asesoramiento para pensionistas. De hecho, consiguieron que 150 pensionistas presentaran coordinadamente sus reclamaciones en la oficina de la Seguridad Social de la calle Numancia de Barcelona.

La vista se ha celebrado sólo tres días después de que el Juzgado Social número 4 de San Sebastián hiciera públicas dos sentencias en las que se pronunciaba a favor de dos pensionistas que demandaron a la Seguridad Social por la misma razón.

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