Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos relacionadas con lo que se califica como el "caso vasco", de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, han presentado este viernes en Vitoria el 'Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco', que recoge atentados cometidos por ETA, el GAL y otras organizaciones terroristas, así como abusos cometidos por las fuerzas policiales entre 1960 y 2013, aunque tratando de evitar siempre las "equiparaciones" entre unos y otros casos.

El documento, que forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, ha sido elaborado por el propio Uriarte, el exdirector de Derechos Humanos del gabinete de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa, la juez Manuela Carmena y el profesor de Derecho y exconcejal del PP Ramón Múgica.

El lehendakari ha destacado que el trabajo se ha elaborado "desde la primacía de los principios éticos" y con el objetivo de "garantizar la justicia, la reparación y la verdad para todas las víctimas, sin equiparaciones ni discriminaciones".

Urkullu ha afirmado que el informe contiene "datos objetivos" que reflejan "la verdad de lo ocurrido". "Los datos informan, no pueden hacer daño; el daño lo puede hacer una interpretación de los mismos que no atienda a los principios éticos", ha manifestado.