El Gobierno gallego ha cerrado "en común acuerdo con los jueces" un plan agilizar el procedimiento judicial con el fin de que quienes hayan sido estafados en la adquisición de participaciones preferentes y subordinadas puedan recuperar sus ahorros cuanto antes. El objetivo, en palabras del titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, es facilitar sentencias "de forma inmediata".

Tras el Consello, ha indicado que el vicepresidente, Alfonso Rueda, comparecerá "antes del martes", fecha en la que Novagalicia cerrará el proceso para aceptar peticiones de arbitraje, para dar más información. Fuentes de la Xunta han confirmado a Europa Press que está previsto para este mismo viernes una reunión de la Comisión Mixta, a la que acudirán representantes del Gobierno, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Precisamente, las autoridades judiciales españolas ya alertaron en su día de que, ante la previsible "presentación masiva de demandas" cuando se concretase la quita, era necesario articular un plan para que los ciudadanos afectados por este conflicto pudiese acceder a la Justicia evitando colapsos y de una forma eficaz.

A la espera de conocer los detalles del plan cerrado con la Xunta, miembros del Poder Judicial han aludido en las últimas semanas a diversas opciones, como una posible concentración de los casos en determinados juzgados o la unificación de las demandas, para lograr una tramitación "ágil y ordenada" que permita que los casos tengan sentencia "en un plazo razonable".

Por parte de la Xunta, ya ha manifestado también su disposición a habilitar los medios personales, materiales y tecnológicos que sean necesarios. El propio Feijóo ha defendido en varias ocasiones que la Xunta, si bien mantiene su apuesta por el arbitraje, tampoco "olvida" la alternativa judicial para que todos los "estafados" recuperen "el cien por cien de su dinero".

Este jueves, el mandatario autonómico ha proclamado que a la Xunta no la "vincula" la decisión del banco de cerrar el proceso de solicitudes de arbitraje, que "no comparte". Dicho esto, ha proclamado que su Gobierno "no varía su postura un ápice" y que, en el caso de que se concrete el fin del arbitraje, "volverá a tomar partido" por los ahorradores con la apertura de la vía judicial.