El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes los proyectos de ley de seguridad privada y de acción exterior del Estado. Los textos han recibido el visto bueno para su remisión a las Cortes.

El Gabinete ha decidido finalmente dejar para otra reunión la aprobación del proyecto de ley de emprendedores, que se presentó en un acto solemne presidido por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, el pasado martes en el Palacio de la Moncloa.

Respecto a la ley de seguridad privada, el Ministerio del Interior ha modificado su anteproyecto y no permitirá que las empresas del sector lleven a cabo labores de investigación, reservadas a los detectives.

En el sector de la seguridad privada, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya de Santamaría, trabajan 85.000 personas, hay un total de 1.500 empresas y se generan 3.500 millones de euros al año.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado, por su parte, que España es el país con el número más reducido de vigilantes de seguridad privada de toda la UE: en Europa la media es de 271 vigilantes por cada 100.000 habitantes y en España es de 195.

Asimismo, ha aclarado que "en absoluto se trata de privatizar la seguridad privada, pero sí de utilizar su potencial en la pública" y que el proyecto de ley aprobado "sigue la senda de otros países de la Unión Europea".

El ministro Fernández Díaz ha distinguido entre seguridad privada e investigación privada y ha dicho que la investigación, en tanto en cuanto afecta a derechos fundamentales, "ha de tener una especial regulación". En España, ha añadido, hay unos 1.500 detectives.

Fuentes del departamento han explicado que un mes después de presentar al gabinete de Mariano Rajoy el borrador y tras escuchar a las partes implicadas y de estudiar los informes consultivos, Interior, tal y como ha confirmado el ministro en la rueda de prensa, ha decidido suprimir el precepto que permitía a las empresas de seguridad privada realizar investigaciones.

De este modo, la regulación en este aspecto queda como en la ley todavía vigente y solo los detectives privados podrán realizar investigaciones "en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancias de parte".

La modificación da satisfacción a los detectives, que ya habían mostrado su preocupación por lo que consideraban una invasión de competencias que, además, podría suponer la quiebra de un colectivo ya de por sí castigado por la crisis.

No obstante, la nueva ley les controlará más que hasta ahora y los detectives tendrán que dar cuenta al Ministerio del Interior de los encargos que reciben, los medios que emplean y los resultados obtenidos. Además, deberán destruir los sonidos e imágenes grabados durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe.

La regulación de los servicios de videovigilancia es otro de los aspectos que prevé el proyecto, que insiste en la necesidad de que estos elementos se utilicen bajo los principios de proporcionalidad, idoneidad e "intervención mínima". No se podrán utilizar, de todos modos, con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías y espacios públicos o de acceso público, salvo en los términos que regula la ley de seguridad ciudadana.

Por otro lado, el Consejo ha aprobado la Ley de Acción Exterior, que pondrá orden y coordinará la labor de las instituciones y administraciones en el extranjero "en un entorno internacional cambiante y cada vez más competitivo y complejo", ha anunciado la vicepresidenta.

Sáenz de Santamaría ha explicado que esta ley llega ahora a las Cortes donde habrá una "amplia voluntad de diálogo" por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que ha dicho que "la suerte de los españoles depende cada vez más de lo que ocurre en el exterior", explicando que los objetivos de la ley son "coordinación, colegiación y eficiencia".

La ley de acción exterior pretende reforzar la capacidad del Gobierno para coordinar la labor de muchos agentes en ejercicio de sus competencias: la Corona, el Ejecutivo, las Cortes, las Fuerzas Armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades, los ayuntamientos y los organismos públicos.

Será el Consejo de Política Exterior, con representación de todos los departamentos implicados, el que definirá una estrategia anual y un marco de referencia para cuatro años, documentos que serán completados con el plan director de cooperación —también cuatrienal— y con los informes de la Marca España.

Habrá unos informes anuales de acción exterior, uno de cooperación y un observatorio para evaluar cómo evoluciona la imagen de España. El ministro ha dicho que la ley establece que "la acción exterior sea única y sea coherente con la política exterior".

La ley contempla, además, que cuando una comunidad autónoma quiera abrir en el exterior una oficina comercial o turístca, deberá informar a los servicios del Ministerio y al Comité ejecutivo de política exterior "para que buenamente les digamos si hay alternativas más baratas y eficientes", ha dicho el ministro. Si se desetima la apertura, ha añadido, "se hará pública la recomendación y la respuesta de la comunidad autónoma".