El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha pedido este jueves ante el Pleno del Parlamento, en relación con la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC), una regulación de precios agrarios que limite los "abusos" de la distribución y de terceros países.

Durante su intervención en la sesión de control al Consejo de Gobierno, Griñán, que ha apuntado que la economía oficial de todo el mundo no habla nunca de agricultura, cuando es "economía productiva y real", ha resaltado que en Andalucía, los agricultores y ganaderos han invertido en investigación, innovación, sostenibilidad o eficiencia, de manera que hoy contamos con un sector competitivo y con un marcado carácter social, que ha contribuido a la fijación y al equilibrio de la población en el territorio, así como al equilibrio medioambiental.

Para el presidente, la PAC ha supuesto una transformación en este sector en Andalucía de la que todos nos debemos sentir orgullosos, recordando que han sido unos 2.000 millones de euros anuales los que se han recibido en ayudas europeas, un nivel que, para el presidente, se tiene que mantener.

Griñán, que ha querido dejar claro que la Junta apoya al Gobierno central en la negociación de la nueva PAC, ha planteado la necesidad de que se mantenga la actual asignación presupuestaria; que el sistema de ayudas directas permita mantener la fecha financiera y no genere cambios significativos en el reparto actual entre sectores y territorios; que la convergencia interna entre agricultores de una misma región sea transitoria y límite perdidas para los agricultores; que las nuevas superficies que entren el sistema ayudas sean limitadas; que se plantee un pago verde que reconozca la producción integrada que se hace en Andalucía, y un plan de desarrollo regional que tenga en cuenta las peculiaridades de cada territorio.

Ha insistido en que la agricultura andaluza es productiva y competitiva, con una producción que se basa en la seguridad alimentaria, en la innovación, en la calidad, protección medio natural, al tiempo que está orientada al mercado. No obstante, ha considerado necesario que se limiten "los abusos de posición dominante en la distribución y se ponga freno a la competencia de países terceros que no respetan ni los cupos asignados ni las condiciones ambientales, sociales y alimentarias que exige la Unión Europea".

Ha señalado que los agricultores andaluces quieren precios justos que remuneren su trabajo, pero también que se garantice el relevo generacional y el desarrollo rural, lo que implica mayor concentración de la oferta y una regulación de la competencia que no sea ciega ante la concentración de la demanda.

Según el presidente, ello implica medidas de regulación de precios, un camino imprescindible, porque no estamos hablando de una producción que sea como la de cualquier otro bien o servicio, sino que exige también la remuneración de un bien económico y social.

José Antonio Griñán se ha mostrado convencido de que una PAC buena para Andalucía, será buena también para España y para la UE.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Francisco Álvarez de la Chica, ha indicado de la PAC sido fundamental para el desarrollo y mantenimiento del medio rural andaluz y los agricultores han gestionado el campo en beneficio de todos, produciendo lo que los consumidores requieren, a un precio asequible.

Ha apuntado que Andalucía es una de las regiones europeas más caracterizadas por su peso en la agricultura, recibiendo en torno a 2.000 millones de euros en ayudas europeas. Esas ayudas suponen el 20 por ciento de la renta de los agricultores, según el portavoz socialista, quien ha apuntado que Andalucía tiene que mostrar una posición clara en defensa del mantenimiento del máximo grado posible correspondiente a los 2.000 millones. A su juicio, sería "dramática una alineación por abajo", por lo que ha expresado la oposición rotunda de su partido a la tasa plana o ayuda homogénea.

"El campo andaluz tiene que tener un trato justo", según ha sentenciado Álvarez de la Chica.