El diputado socialista Francisco Javier Fernández Mañanes ha presentado este jueves una iniciativa parlamentaria con la que su grupo pretende impulsar al Gobierno de Cantabria a poner en marcha un programa de alquiler social, "para impedir el desarraigo y la exclusión social de quienes más están sufriendo con la crisis".

"Pedimos al Gobierno del PP que no mire para otro lado y que se ponga al frente de la solución. El Gobierno de Diego no puede ignorar las enormes dificultades que atraviesan muchas familias de nuestra región que están en riesgo de exclusión social", ha señalado.

El parlamentario ha apuntado que muchas de ellas están pasando por unas "extraordinarias dificultades económicas" y que la única esperanza que tienen para no quedar "desamparadas" y sin techo es contar con un programa de alquiler social con precios muy por debajo del mercado que se acomode a los ingresos reales de las familias beneficiarias.

"El Gobierno de Diego debe poner a su disposición cuantas viviendas de GESVICAN sean necesarias, y también hablar con promotores, inmobiliarias, entidades financieras, la SAREB -el conocido como Banco Malo- que gestiona casi 56.000 viviendas, para que entre todos se pueden ofertar un número suficiente de viviendas de alquiler social, en las ubicaciones más demandadas y a precios realmente sociales", ha indicado.

Fernández Mañanes ha señalado que en 2012, según datos de los Registradores, 335 familias perdieron su vivienda en Cantabria por desahucio; que según el INE, un 20,3% de los cántabros están por debajo del umbral de pobreza o que según datos del propio Gobierno, 14.000 de los inscritos como demandantes de una VPO en el Registro de Vivienda de Cantabria tienen unos ingresos inferiores a 6.000 euros al año, "ingresos con los que resulta imposible acceder a una vivienda en propiedad o pagar un alquiler a precio de mercado".

Es por ello que los socialistas consideran "imprescindible" la creación de un parque de vivienda social dentro de un programa de alquiler social "para hacer real y efectivo" el derecho constitucional a la vivienda de quienes apenas tienen recursos económicos y de aquellos a los que la crisis ha empobrecido, los "nuevos pobres".

"Las Administraciones Públicas deben dar una respuesta que evite el desarraigo social de los centenares de familias que en nuestra región apenas cuentan con recursos económicos", ha afirmado Mañanes en rueda de prensa.

En este sentido, ha enumerado algunos ejemplos tanto de administraciones españolas como de entidades privadas que están poniendo en marcha iniciativas para luchar contra la exclusión social y garantizar una vivienda digna a quienes carecen de suficientes recursos económicos.

Entre otras ha citado a la Obra Social de La Caixa, que dispone de 8.000 pisos de alquiler social con precios entre 85 y 150 euros, el Ayuntamiento de Barcelona, que construirá 500 viviendas para alquiler social o la Comunidad Valenciana, que ha puesto en marcha un Programa de Alquiler de Interés Social con 4.000 viviendas, en el que un 67% de los alquileres no llegan a los 100 euros.

"En Cantabria el Gobierno no puede darse por satisfecho con las 24 viviendas de su propiedad que ha puesto a disposición para alquiler social con precios entre 150 y 220 euros mensuales y menos aún después de saberse que hay unas 500 viviendas de protección oficial sin ocupar y que un centenar de ellas pertenecen a la empresa pública GESVICAN", ha criticado.