La consejera de Vivienda y Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha demandado este jueves al Gobierno central que "aborde los cambios que tenga que abordar en las leyes que regulan los contratos para que las cláusulas suelos sean realmente abolidas de cualquier producto financiero o hipoteca" y que lo haga, además, "con la mayor celeridad posible porque estamos hablando de abusos de entidades financieras a familias y a trabajadores".

Así lo ha señalado a los periodistas en los pasillos del Parlamento tras conocerse ayer miércoles que el BBVA dejará de aplicar, con efectos desde el 9 de mayo de 2013, la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario con consumidores para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilícita esta condición debido, fundamentalmente, a su falta de transparencia.

Según Cortés, el Ejecutivo central tendría que hacer cambios legislativos para "abolir" las cláusulas suelo y las entidades financieras, por su parte, las deberían "eliminar de facto tanto de las hipotecas que se puedan firmar a partir de ahora" como de las que se firmaron con anterioridad. Es decir, "que lo hagan con carácter retroactivo", ha enfatizado la consejera.

Es por ello, ha destacado, por lo que el Gobierno andaluz y "concretamente desde la Consejería que dirige Diego Valderas" —la de Administración Local y Relaciones Institucionales—, "se están exprimiendo todas las competencias que establece el Estatuto de Andalucía para sacar una Ley de protección de los ciudadanos frente a los productos financieros, de manera que ejerzamos desde el Gobierno una protección efectiva y eficaz frente a unos productos que pueden abusar de la confianza y buena fe de los ciudadanos", ha explicado.

Finalmente Cortés, que ha admitido estar "muy contenta" por la sentencia del Supremo —"al igual que lo estuve el día de la histórica sentencia de Luxemburgo que venía a decir que, lamentablemente, los distintos gobiernos de este país habían puesto a los pies de los caballos a los ciudadanos al respecto de las entidades financieras"—, ha abogado porque desde el poder ejecutivo se proteja a los ciudadanos ante los "abusos" de los bancos y entidades.