Menos de 24 horas después de aprobar el inicio del debate en el Senado de EE UU sobre la reforma migratoria, las posturas encontradas entre demócratas y republicano sobre el fortalecimiento de la seguridad en la frontera con México han estancado el proceso.

En la tarde de este miércoles , el primer día completo de debate, representantes de ambos partidos se enzarzaron en una enmienda que propone más estrictas condiciones sobre la impermeabilidad de la frontera sur, y frenan por el momento el avance de una ley llamada a regularizar a 11 millones de indocumentados.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, opinó que los requisitos fronterizos imposibles, en referencia a los presentados por el senador republicano por Texas John Cornyn, "podrían condenar a millones a un limbo" y son una "píldora venenosa".

La enmienda Cornyn requeriría un 90 por ciento de aprehensiones en la frontera con México y un importante aumento de la inversión en seguridad fronteriza.

Reid advirtió en el pleno de que "no se debe condicionar el camino a la ciudadanía a objetivos de seguridad fronteriza que son imposibles de medir".

Incluso el senador republicano John McCain, miembro del "Grupo de los 8" que participó en la redacción de los principios bipartidistas para preparar el proyecto de reforma, dijo que "no es posible apoyar la enmienda de Cornyn tal como está escrita".

Reid o el senador demócrata Chuck Schumer, otro de los artífices del compromiso del "Grupo de los 8", pidieron que el Senado intente aprobar un proyecto de reforma migratoria que cuente con el mayor número de votos posibles para forzar a la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, a llegar a un acuerdo.

No obstante, la Cámara Alta no consigue acordar ni siquiera si se deberá exigir una mayoría simple o superar el umbral de los 60 votos para aprobar las enmiendas, a cuyo debate se espera que se dediquen tres semanas cruciales para la ley.

El proyecto, elaborado por el llamado "Grupo de los ocho", abre una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados, fortalece la seguridad fronteriza y modifica sustancialmente las visas por vínculos laborales o familiares.