Ecologistas en Acción, Izquierda Unida, Facua-Consumidores en Acción y Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado han pedido la clausura del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) y han pedido el cese de la actual consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, como responsable en 2002, al frente de Medio Ambiente, de promover y aprobar la ley que permitió la reapertura de estas instalaciones —cerradas ya por el Supremo— y que ha anulado en gran parte el Tribunal Constitucional (TC).

Estas organizaciones, que fueron las que hace 22 años conformaron la Plataforma Anti-vertedero y comenzaron a litigar en contra de la instalación de Santovenia, han valorado el fallo del Constitucional, que se produce once años después de la presentación del recurso por parte de más de 50 diputados del Grupo Socialista en el Congreso.

Además, las organizaciones han explicado que el fallo puede afectar a los vertederos de Gomecello (Salamanca) y Fresno de la Ribera (Zamora), también recurridos ante el TC, los cuales se aprobaron como el de Santovenia, mediante su declaración como proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés (PRIR), pero también creen que puede tener consecuencias para las leyes que permitieron aprobar la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, Meseta Ski en Villavieja (Valladolid) o la futura aprobación de San Glorio, en las provincias de Palencia y León y que afecta también a Cantabria.

El portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos ha recordado que en mayo y junio de 2002 el vertedero de Santovenia estaba cerrado por sentencia del Tribunal Supremo, pero la aprobación de esta Ley de Residuos de Singular Interés de Castilla y León y la declaración de PRIR del vertedero de Santovenia permitieron "forzar" su reapertura.

Sin embargo, ha destacado que ahora se declare inconstitucional esta ley que "vulnera" derechos fundamentales de los ciudadanos y las asociaciones que litigaron contra este proyecto, a los que se consiguió evitar con el texto legal.

Ceballos ha incidido en que el vertedero de Santovenia es actualmente "ilegal" como cuando se clausuró por sentencia del Supremo y por ello entienden que se debe cerrar ahora de la misma forma, algo que considera que "tiene fácil" el Ayuntamiento, que ya lo hizo en su momento, mientras que la Junta de Castilla y León también, como competente en medio ambiente, puede exigir.

Petición por escrito

En este sentido, ha asegurado que para que nadie se haga "el despistado" se pedirá por escrito el cierre de la instalación, que ha afirmado que aún es un "factor de riesgo" para el medio ambiente y la salud de más de 350.000 personas que viven en Valladolid.

Además de que el vertedero sea perjudicial, Miguel Ángel Ceballos ha afirmado que el "nudo gordiano" de esta cuestión es que se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, fundamentalmente su derecho a pedir la tutela judicial ante la actuación de la administración.

Así, cree que este comportamiento "no es admisible en democracia" y ha responsabilizado del mismo a la persona que se encontraba al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Silvia Clemente, actualmente responsable de Agricultura y Ganadería, a la que consideran promotora de una ley que ha dañado estos derechos y por ello han pedido su "cese inmediato", para lo que han apelado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para que "se vaya a su casa".

En cuanto a las consecuencias que tiene el fallo del Tribunal Constitucional, Ceballos ha recordado que el vertedero de Santovenia se encuentra en la misma situación que antes de la ley, es decir, levantado en suelo rústico, sin permiso para su ubicación, sin declaración de impacto ambiental y sin licencias municipales.

Por ello, cree que es "de sentido común un justicia" que después de 22 años de litigios se cierre.

Además, el portavoz de Ecologistas ha señalado que es una sentencia muy importante para otras instalaciones que se han aprobado por el mismo "mecanismo" y en las que se ha "pasado por encima de sentencias judiciales".

Otras instalaciones

En concreto, directamente afectados se encontrarían los vertederos de Gomecello (Salamanca) y Fresno de la Ribera (Zamora), que también se citan en la sentencia del Constitucional, pero sobre los que deberá pronunciarse expresamente ya que también se encuentran recurridos.

Ceballos ha incidido en que en los tres casos la gestión de las instalaciones es privada, por un lado la constructora ACS a través de sus filiales Cetransa y Trecisa respectivamente en el caso de los vertederos de Santovenia y Fresno, y Teconsa en el caso del vertedero de Gomecello. Respecto a esta última instalación, Ceballos ha recordado que se encuentra bajo investigación en el marco de la trama 'Gürtel' y el pago de supuestas "comisiones ilegales de 400.000 euros al PP".

Además, considera que la sentencia puede afectar a otros tres proyectos "muy importantes" para la Junta como la Ciudad del Medio Ambiente, también recurrida por el PSOE ante el TC, y Meseta Ski, en la que recuerda que se utilizó el mismo mecanismo que "pasa por encima de las resoluciones" e impide a los ciudadanos ejercer sus derechos.

De la misma forma, cree que podría afectar a otra ley que se tramita en las Cortes para la puesta en marcha de una estación de esquí en San Glorio, lo que afecta a las provincias de Palencia y León, así como a Cantabria, y puede tener perjuicios a un espacio natural protegido y a una especie "tan importante" como el oso pardo.

Miguel Ángel Ceballos ha señalado que en los 20 años de funcionamiento del vertedero, que se cumplirán en diez días, han llegado a sus instalaciones más de 800.000 toneladas de residuos, un tercio de ellas de otras comunidades autónomas, lo que ha asegurado que ha permitido a Cetransa "ganar muchísimo dinero" con "cientos de miles de euros de beneficio cada año".

En esta línea, cree que no quedan muchos años de vida para esta instalación y la empresa tiene que tener dinero reservado para su clausura, aunque ha añadido que si quisieran legalizar la instalación para su continuidad lo tendrían que hacer por el procedimiento administrativo establecido, que conllevaría autorizar su ubicación en un suelo que actualmente es rústico, una declaración de impacto ambiental, licencias de obras y volver a tramitar la autorización ambiental de 2008, que era una actualización del permiso que daba la ley ahora inconstitucional.