El instructor del caso Campeón en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ha formalizado este martes su petición de suplicatorio para actuar contra el exministro socialista José Blanco. El magistrado ha remitido formalmente a la Sala que admitió a trámite esta causa todos los documentos necesarios para que esta "interese de la Cámara el correspondiente suplicatorio" para proceder.

En un auto que tiene fecha de 28 de mayo, el juez del alto tribunal reproduce el relato de hechos realizado por la Fiscalía el pasado mes de marzo para concluir la presunta comisión por parte del actual diputado del PSOE de un delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal. Este delito está penado con una condena de seis meses a dos años de cárcel.

El exministro recurrirá ante la Sala en contra de esta decisión, aunque lo que habitualmente sucede es que el tribunal no desautoriza al juez instructor. Así, si el Supremo no acepta el recurso de Blanco, una vez el Congreso conceda el suplicatorio, Soriano dictará auto de transformación del procedimiento en abreviado, lo que supondrá elevar a la Sala el caso para abrir juicio oral contra el inculpado.

Si Blanco fuera condenado, la pena se podría imponer con mayor o menor gravedad en función de si el resultado de la "fuerte presión" ejercida sobre el alcalde de Sant Boi en favor de un amigo, fuera o no el perseguido y fuera o no legítimo, apunta el instructor. Es decir, Soriano apunta que Blanco delinquió simplemente al influir en el alcalde, al margen del resultado de su gestión.

El bien jurídico a proteger es que "las autoridades y funcionarios realicen o adopten decisiones con objetividad y sin condicionamientos", especifica el juez, al margen de que estas influencias logren resultado o de que éste sea legítimo.

Así, para Soriano, lo grave fue que Blanco "intervino notoriamente" para que el alcalde de Sant Boi otorgara una licencia para construir una nave cerca del aeropuerto barcelonés de El Prat a su amigo José Antonio Orozco, quien se evitó así desembolsar importantes cantidades.

El pasado mes de marzo, el fiscal Manuel Jesús Dolz interesó que se procediera contra Blanco por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, si bien el juez Soriano ha descartado este último.

El Ministerio Público descartaba en dicho momento la existencia de indicios contra Blanco por un presunto delito de cohecho del que le acusó el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, en relación con un supuesto pago al exministro socialista de 200.000 euros efectuado en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones ante el Ministerio de Sanidad.

En su escrito el fiscal hacía mención a la relación de amistad que une a Blanco con el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, ya que ambos nacieron en Palas del Rei (Lugo) y se conocen desde la infancia.

Añadía el escrito que esta amistad se incrementó hace quince años y que eran frecuentes los contactos personales entre ambos, lo que propiciaba que Orozco hiciera partícipe al mandatario socialista "de proyectos empresariales, propios y ajenos, y se haya prestado a ofrecer a empresarios amigos la actuación del señor Blanco ante Administraciones Públicas pertenecientes a la Administración Central del Estado para la consecución de los mismos".