El Tribunal Penal de Trípoli condenó hoy a muerte a cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino al considerarlos culpables de contagiar deliberadamente el sida a más de 426 niños libios, según informó la Radio Nacional búlgara.
De los contagiados en el hospital de Bengazi, más de medio centenar murieron.
Las cinco enfermeras y el médico fueron encarcelados en febrero de 1999 y condenados a muerte en mayo de 2004, aunque en diciembre de 2005 el Tribunal Supremo de Casación de Libia anuló la condena y ordenó la revisión del juicio por considerar que hubo fallos en el procedimiento.
Dudas en torno al caso
Los expertos internacionales declararon en varias ocasiones que las deficientes condiciones sanitarias del centro hospitalario de Bengazi podrían explicar el contagio.
Además, señalaron que la presencia del virus en ese hospital podía datar de 1997, un año antes de que las enfermeras y el médico llegaran a Libia.
Condenados a muerte en mayo de 2004, los acusados obtuvieron del Tribunal Supremo libio la apertura de un nuevo proceso que se prolongó en sesiones interminables hasta el mes pasado, cuando se anunció que la sentencia se haría pública hoy.
La sentencia podría acarrear consecuencias negativas para el proceso de liberalización y reforma de sus relaciones con Occidente en que se haya inmerso el régimen del coronel Muamar Al Gadafi.
El comisario de Justicia de la UE, Franco Frattini, ya ha salido al paso de la sentencia, pidiendo que se reconsidere la decisión.
Las familias reclamaba una "sanción ejemplar"
Las familias de los niños contaminados han venido reclamando una "sentencia ejemplar" contra las enfermeras búlgaras y el médico palestino, desatendiendo las razones dadas por los expertos internacionales.
En noviembre pasado, el ministro alemán de Exteriores, Frank Walter Steinmeier, declaró en Trípoli, donde se encontraba en visita oficial, que había tratado de "hacer comprender" a sus interlocutores de la necesidad de resolver el problema en el sentido de la liberación de los acusados.
El Consejo de Europa (CDE) afirmó por su parte que a los acusados no se les otorgaron los derechos normales de la defensa e incluso llegaron a ser torturados en prisión.
Los familiares de los niños contaminados reclaman también quince millones de dólares de indemnización por cada uno de ellos, pero esta exigencia fue rechazada por el gobierno búlgaro al considerar que si se hubiera aceptado supondría el reconocimiento de su culpabilidad.
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