La jueza Alaya impone una fianza civil de 38 millones a Lanzas y de 14 a su mujer

  • La magistrada ha impuesto un total de 410 millones de euros en fianzas civiles a nueve imputados en la causa de los ERE fraudulentos.
  • Ha decretado el embargo de siete fincas propiedad de Lanzas y su esposa.
  • También ha impuesto fianzas de 111,7 millones de euros a los exdirectivos de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín.
El intermediario Juan Lanzas sale hacia prisión desde los juzgados de Sevilla.
El intermediario Juan Lanzas sale hacia prisión desde los juzgados de Sevilla.
Raúl Caro
El intermediario Juan Lanzas sale hacia prisión desde los juzgados de Sevilla.

La jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 38 millones de euros al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, frente a los 145 solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, y de 14,7 millones a su esposa, Patrocinio Sierra.

También ha decretado el embargo de un total de siete fincas propiedad de la pareja y ubicadas en las provincias de Jaén y Granada, ya que "la elevada cuantía de las eventuales responsabilidades pecuniarias hace aconsejable invertir la regla general y decretar el embargo de bienes de cada uno de los imputados".

En un auto dictado el pasado 27 de mayo, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla impone además una fianza civil de 1,9 millones al cuñado de Lanzas, Ismael Sierra, y decreta el embargo de cuatro fincas de la entidad Maginae Solutions, de la que figura como socio único el imputado; de 111,7 millones de euros a los exdirectivos de Vitalia María Vaqué, Eduardo Pascual y Antonio Albarracín, y cinco millones para la esposa de éste último, María José Marcos, embargando al matrimonio un total de 22 fincas registradas a su nombre o a nombre de la sociedad Permar 21.

Igualmente, impone una fianza de 15,2 millones al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo, a quien embarga tres fincas, y de 400.000 euros para Rosser Masa, administradora de Fortia Vida, mientras que no impone fianza alguna al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero tras no haberlo pedido la Fiscalía Anticorrupción y haberle impuesto el pasado mes de marzo de 2012 una fianza civil de 686 millones.

Fianzas "justificadas"

La jueza argumenta que, "aunque, a día de hoy, faltan elementos importantes que puedan influir en la cuantificación de dichas responsabilidades, conociendo por el avance de la investigación que solo podrían justificar un incremento de las mismas, resulta procedente el dictado" de dichas fianzas de responsabilidad civil.

Al hilo, la magistrada relata que Pascual y Vaqué eran gerentes de Vitalia y "ocuparían los primeros puestos en la escala de mando", y a ellos "le seguirían" el director de Vitalia, Antonio Albarracín, y Bordallo, mientras que, "a continuación e independientemente de los anteriores, se situaría" Juan Lanzas, "antiguo sindicalista con importantes contactos que ejercería para Vitalia labores comerciales a comisión".

"Todos ellos orquestarían una operación perfectamente determinada", y es que "el negocio, enormemente rentable para Vitalia, sería la concesión continuada por la Junta de ayudas sociolaborales instrumentadas mediante pólizas de renta colectiva que aquella intermediaba, pues por la contratación de las mismas la mediadora Vitalia cobraría unas sobrecomisiones elevadísimas, muy por encima de la media del mercado", y que se cuantifican "provisionalmente" en 21,2 millones.

Sindicatos y "autoridades" de la Junta

La jueza considera que "para conseguir tal provecho" los imputados "influirían activamente mediante sus contactos y relaciones personales, con empresarios, sindicalistas y, sobre todo, con autoridades de la Junta, siendo por ello esencial el papel de Lanzas en la concesión de tales subvenciones, y por ende en la distracción de fondos públicos derivada de la arbitraria contratación de numerosas pólizas de prejubilación financiadas con ellos, adjudicada directamente a la citada mediadora sin celebración de concurso público, proceso tan caro para la Administración que, salvo alguna excepción puntual, solo se ha conocido en la Junta, para lo cual fue la práctica habitual durante más de 10 años".

Alaya considerado acreditado que, con el importe "pactado" de estas sobrecomisiones, "no solo se podían abonar suculentos honorarios a Lanzas por su labor comercial, sino utilizar parte de esas sobrecomisiones millonarias en gratificar indiciariamente de manera continuada a sindicatos y a ciertos responsables de la Administración", punto en el que cita a Guerrero.

En esta actuación "parece claro el papel de conseguidor" de Lanzas "por sus intensos conocimientos y relaciones con Administración y sindicatos, siendo por ello persona grata para los empresarios", señala la jueza, que resume que el imputado habría intervenido en la negociación de los expedientes de 12 empresas, entre las que se encuentran Mercasevilla, Río Grande, Surcolor, Nexprom, Zoilo Ruiz Mateos o Primayor.

La responsabilidad de Lanzas

A juicio de la jueza, la intervención de Lanzas en dichos expedientes "habría consistido" en obtener a través de sus "influencias" con Guerrero "y con otros responsables" de la Administración la concesión de las subvenciones, "es decir, la financiación pública de los procesos de prejubilación de estas empresas, que equilibrarían o rejuvenecerían sus plantillas a coste cero, la inclusión de los intrusos, ya fueran de interés para ciertas autoridades de la Junta, para los sindicatos o respondieran a un interés personal, y en obtener para Vitalia la gestión del proceso de prejubilación instrumentado a través de pólizas de renta colectiva".

Respecto a su esposa, la jueza dice que su responsabilidad vendría determinada "por el indiciario conocimiento de la actividad delictiva de su marido, relativa a la obtención de ayudas sociolaborales, actividad que realizaba de modo profesional en virtud de la influencia y acceso que tenía sobre determinados cargos de la Junta, siendo así que esta influencia pudo hacerse evidente" para la imputada, "al menos a través de los viajes de placer que realizó" junto a su marido y a Guerrero y su esposa, "viajes que fueron abonados por Lanzas".

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