El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido condenado a pagar 3.272.659,46 euros a los gestores del Palacio de Congresos de Oviedo, la empresa Jovellanos XXI, por los fallos del edificio, según publica La Nueva España.

El monto total es, sin embargo, el resultado de una compensación, ya que el juez da en parte la razón a los abogados de Calatrava, que iniciaron la demanda para reclamar 7,28 millones que la empresa le debía en concepto de honorarios. Las indemnizaciones que admite el Juzgado de primera instancia número 10 de Oviedo, por un valor de 10,55 millones, ofrecen un saldo a favor de Jovellanos XXI de 3,27 millones que tendrá que abonar Calatrava.

La empresa tuvo que rehacer el graderío del palacio tras el derrumbe ocurrido en agosto de 2006 y además invirtió dinero en la movilidad de una cubierta, que finalmente tuvo que dejarse fija, explica el diario. Asimismo, tuvo que realizar reparaciones de 140.000 euros en el muro curvo del graderío. La sentencia dice que Calatrava "aceptó una solución que ha fracasado" en esas partes de la estructura.

No es la primera vez que el arquitecto tiene que dirimir un conflicto en los tribunales. De hecho, el próximo 13 de noviembre tendrá lugar la vista contra él y tres ingenieros acusados de "daño" al erario público por errores cometidos durante la construcción del puente que el arquitecto diseñó para Venecia, inaugurado en 2008.

Así lo determinó el Tribunal de Cuentas italiano, cuyo fiscal concluyó que se produjo un crecimiento exponencial de los costes del puente, que pasaron de los 4 a los 10 millones de euros. Pide 1.078.000 euros a Calatrava y más de 1.700.000 euros a cada uno de los responsables de la dirección de las obras.

En febrero de 2011, Calatrava declaró en calidad de imputado dentro de una pieza separada del caso Palma Arena, por haber sido presuntamente favorecido de forma ilegal por el anterior Govern del PP al serle adjudicada la elaboración del anteproyecto de la Ópera en Palma, por el que cobró 1,2 millones de euros.

Dos años antes, la Audiencia Provincial de Bizkaia condenó al Ayuntamiento de Bilbao a pagar una indemnización de 30.000 euros al arquitecto por "alterar" su obra del puente Zubi-Zuri, al añadir una pasarela para facilitar el acceso a las Torres Isozaki y salvar el desnivel existente.

En 2010, el consistorio tuvo que poner una moqueta antideslizante en el puente para evitar que los viandantes resbalaran y se cayeran cada vez que llovía o helaba. Algo similar ocurrió con el puente de Murcia, cuyo ayuntamiento se gastó 60.000 euros en 2012 en una alfombra para el puente que cruza el río Segura.

El pasado mes de febrero, una respuesta parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas (BOCV) desveló que Calatrava cobró 6 millones de euros de la Generalitat Valenciana por la redacción del proyecto y dirección de obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.