El secretario de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha advertido de que el Gobierno "no va a renunciar" a la gestión y distribución del 0,7 por ciento del IRPF destinados a los programas sociales, pese a las quejas de "alguna comunidad autónoma".

Durante la clausura de un acto de sensibilización sobre la 'X' solidaria de la Declaración de la Renta, que ha tenido lugar este jueves en Madrid, Moreno ha explicado que "se trata de un instrumento de cohesión social y de ayuda a los más desfavorecidos" y, por ello, concluye que "el Gobierno va a seguir ejerciendo esa labor".

"Como Gobierno de la nación no podemos renunciar a un elemento de redistribución de riqueza que es absolutamente básico en España", ha apostillado Moreno, en respuesta a "alguna comunidad autónoma" que considera —según ha explicado el propio secretario de Estado— "que son programas que exceden de la competencia del Estado".

Moreno reconoce que "ha habido cierto nivel de litigio entre ambas administraciones", pero insiste en que "el Gobierno va a seguir efectuando esta convocatoria, siempre con el máximo respeto a las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y al propio ordenamiento jurídico". De esta forma, asegura que quiere acabar con "la preocupación expresada por algunas entidades de Tercer Sector sobre el futuro y la viabilidad de este programa".

En este sentido, el pasado viernes 31 de mayo, la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social en Cataluña, Àngels Guiteras, acusó al Estado de "no acatar" las sentencias a favor de que las comunidades autónomas gestionen el reparto estos fondos y recordó que "Cataluña aporta hasta un 25 por ciento de la recaudación total del IRPF en Estado y sólo recibe un 14 por ciento en concepto de subvenciones para la realización de programas sociales".

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se han pronunciado a favor de que las comunidades autónomas gestionen el reparto de estos fondos en el ámbito de su territorio. Por eso, el Gobierno, en lugar de entregar el dinero a ONG territoriales lo hará directamente a ONG de ámbito estatal, que serán las que decidan a qué proyectos de qué comunidades autónomas.