El abogado del Estado Manuel Ponce ha declarado este jueves como testigo en el juicio por el 'caso Rilco' que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Cádiz, donde ha insistido en que "no es cierto" que el exdelegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna le consultara a él o a su compañero José Aurelio Ruiz Piña —que ejerce de acusación en representación de la Zona Franca— sobre posibles irregularidades en Rilco, proyecto iniciado en la etapa de su antecesor y también encausado Manuel Rodríguez de Castro.

Preguntado por la defensa de Osuna sobre qué fue exactamente lo que hizo indebidamente éste, ha dicho que como delegado del Estado en la Zona Franca debía "controlar y ser garante de los fondos públicos" y, sin embargo, aunque "tuvo conocimiento" de se estaban haciendo dos contratos, uno de ellos "vacío de prestaciones" —refiriéndose al que hizo Rilco con Miami Free Zone (Rilco 1)— y otro "para rellenarlo" —en alusión al que se hizo posteriormente con Telvent (Rilco 2)— "no lo enmienda" y paga, "dando por bueno lo que no era bueno".

Según Ponce, Osuna —que con fecha del 21 de marzo de 2001 asiste al primer Consejo de Administración de Rilco desde su toma de posesión como delegado de la Zona Franca— tuvo conocimiento de ello "antes del 30 de abril" de 2001, fecha en la que se ordena el primer pago de Rilco, que acaba ingresado en la cuenta mancomunada abierta en el BBVA a nombre de Miami Free Zone, donde permanecería hasta que se diera por cumplido el contrato.

El abogado de Osuna, Felipe Meléndez, ha leído parte del acta del Consejo de Administración del 27 de julio de 2005 en el que se acordó plantear una querella, especialmente la parte en la que Ruiz Piña indicaba que Osuna "quiso investigar" posibles irregularidades y que la cuenta mancomunada se hizo con "buena intención". No obstante, pese a ello acabó pagando, lo que entendían como un posible delito societario.

Al ser cuestionado por Meléndez sobre si alguien informó a su defendido cuando tomó posesión de su cargo sobre Rilco y las consultas que les habían realizado con motivo del contrato con Miami Free Zone, ha señalado que tenían la impresión de que era un proyecto que "se desarrollaba sin problema", ya que sólo les pedían "asesoramiento puntual". Para la abogacía del Estado "no era un tema problemático, de los problemas nos vamos enterando después", ha agregado.

Durante las seis horas de interrogatorio, ha calificado de "ilegal" la modificación propuesta por Rodríguez de Castro en el pliego de contratación a Miami Free Zone sobre la ampliación del pago al inicio de los trabajos del diez al 15 por ciento. Explica que se les consultó y lo desaconsejaron. Entendieron, según dice, que su consejo había sido atendido y no pidieron el contrato final para comprobarlo porque las funciones de la Abogacía del Estado "no son de órgano fiscalizador, sino asesor".

Preguntado por la documentación consultada para la elaboración de la querella, ha explicado que "hoy día está en los archivos de la Zona Franca", reconociendo que no eran "tan organizados" en la época del caso que se juzga. De hecho, no ha descartado el posible extravío de parte de la documentación, como podría ser el caso de las certificaciones de entrega de trabajos por parte de Miami Free Zone, cuya existencia ha dicho que desconocía.

En cualquier caso, entiende que esa opción es más verosímil que la del posible robo de documentos en el despacho de Rodríguez de Castro, teniendo en cuenta la seguridad de la Zona Franca, un recinto cerrado y custodiado por la Guardia Civil.

Corregir un "despiste"

A preguntas del también abogado del Estado José Aurelio Ruiz Piña sobre la elaboración del pliego para la contratación de Rilco 2 con Telvent, ha explicado que se les puso al tanto de una "especie de despiste" que, grosso modo, consistía en que se había contratado con Telvent un elemento informático "importante para el proyecto Rilco" que ya habían elaborado los técnicos de la Zona Franca. La cuestión era que se pudiera hacer una adquisición de ese elemento por parte de Telvent evitando un perjuicio económico al Consorcio de la Zona Franca y que tuviera que pagar dos veces por la misma cosa.

Ha explicado que la Abogacía del Estado indicó que podía hacerse esa "cesión", pero que tenía que hacerlo el comité ejecutivo, no el delegado de la Zona Franca, entre otras cuestiones. No obstante, en la instrucción de esta causa han tenido acceso al contrato definitivo, que tenía "una estructura diferente", sobre todo porque no hablaba únicamente de cesión, sino también de "elaboración de algo pendiente" por parte de Telvent.

Ruiz Piña ha querido aportar documentación relacionada con este proceso que ha sido finalmente rechazada por el presidente de la Sala tras protestar la defensa de Osuna argumentando que, a su entender, se está tratando de introducir documentación "a última hora" cuando la instrucción del caso se ha desarrollado durante siete años.

Sí se ha admitido el informe de 90 páginas elaborado por un alto funcionario de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda al que aludía este miércoles por primera vez el exdelegado de la Zona Franca José de Mier (PSOE), que calificaba dicho documento como "el origen de todo" en su declaración como testigo de la acusación.

El presidente de la Sala ha rechazado, por considerar que no procede, un careo entre el testigo Manuel Ponce y Manuel Rodríguez de Castro, solicitado por el abogado de éste al término de su declaración.

El último testigo en declarar ha sido José Manuel Fedriani, quien fuera jefe de gabinete de Osuna, continuó con José de Mier como director de empresas participadas y que actualmente es director general de la Zona Franca. Preguntado por su formación, ha dicho que la de Bachillerato.

Fedriani ha defendido la labor de Osuna y su control del gasto en la Zona Franca. Ha asegurado que cuando llegaron a la Zona Franca no tuvieron constancia "ni escrita ni verbal" de que hubiera irregularidades en relación con Rilco, aunque sí un número elevado de contratos mercantiles con altas retribuciones. Asimismo, ha indicado que De Mier dio instrucciones para que toda la documentación de Rilco se llevara a su gabinete.

Resucitar rilco

En declaraciones a los periodistas al inicio de la sesión, Rodríguez de Castro ha señalado que su situación económica es ruinosa y que no tiene posibilidades, pero sí estaría dispuesto a comprar Rilco "por lo que han dicho que vale" —los 41,50 euros que el delegado de la Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, dice que cuesta la renovar el dominio—, ya que está convencido de que "trabajando" y con los conocimientos que asegura tener sobre el asunto, podría "ayudar a que el proyecto Rilco fuera para adelante".

Dice que, con "voluntad, muchas ganas e ilusión" podría hacer que Rilco funcionase, de manera que "en un año lo podría tener ganando dinero", en tres años funcionando "a pleno rendimiento y generando empleo", pudiendo estar un año más tarde "cotizando en un mercado secundario en bolsa" y beneficiando a la ciudad de Cádiz.