Soraya Rodríguez recalca que los beneficiarios de los planes 2005-2008 y 2009-2012 tienen adquirido el derecho a la prórroga

Aseguran que la partida del Gobierno para subvenciones al alquiler y compra en la Comunidad ha caído un 91,9% con respecto a 2011

El PSOE y los afectados por la eliminación de las prórrogas en las hipotecas de Vivienda Protegida de los planes 2005-2008 y 2009-2012 han cifrado en 17.000 el número de personas afectadas por la eliminación de este beneficio, propiciado por una de las medidas de ajuste aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2012.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Valladolid, Javier Izquierdo, han mantenido una reunión este jueves con el presidente de la Asociación de Vecinos de Villa del Prado de Valladolid, donde se estima que existen en torno a 1.800 personas que tenían "reconocido el derecho" a prórroga de la subsidiación pero que han visto como la Junta de Castilla y León se lo ha denegado una vez presentada la solicitud.

Para Soraya Rodríguez se trata, en primer lugar, de "un problema político", ya que el Gobierno ha provocado que muchas familias se encuentren "en situación muy complicada" pues contaban con esa subsidiación de los préstamos hipotecarias para poder pagar su vivienda y que, por término medio suponía un 20 por ciento de cada cuota mensual, pero que en ocasiones específicas como familias con personas dependientes a cargo podía alcanzar el 40 por ciento.

El contenido del Decreto Ley del 15 de julio de 2012, en el que entre otras cosas se aprobaba también la subida del IVA y la eliminación de la paga extra de diciembre para los funcionarios, establecía también la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos contenidas en el plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, así como que no se reconocerían aquellas solicitudes que en ese momento estuvieran en tramitación en las comunidades autónomas.

Esas peticiones de prórroga correspondían aún al Plan 2005-2008, en el que igualmente los beneficiarios contaban con la subsidiación por un espacio de cinco años y con una prórroga de cinco años en el caso de que en ese tiempo no hubieran superado los requisitos de ingresos para obtener en su momento la VPO.

De esta manera, como ha ejemplificado Javier Izquierdo, una persona que hubiera firmado su hipoteca con ayudas el 12 de julio de 2007 y solicitado la prórroga antes del 15 de julio del pasado año, tendrá una respuesta positiva; mientras que "su vecino de la puerta de al lado" que quizás firmó el préstamo el día 16 de julio de 2007 se encontró la negativa, lo que ha considerado "profundamente injusto".

Todos estos beneficiarios del plan 2005-2008, así como los del 2009-2012, recogido expresamente en el Decreto Ley del Gobierno 'popular', tienen, a juicio de Soraya Rodríguez, "el derecho adquirido" de la renovación, o bien la "expectativa de derecho", sin embargo, ha acusado al Gobierno de España de aplicar la Ley de forma retroactiva pese a que la Constitución Española deja claro que "un derecho no puede ser eliminado por una ley posterior".

Retirada de los formularios en la junta

Además, los comparecientes han añadido que la Junta de Castilla y León "tiene mucho que decir" en esta materia, pues el representante vecinal ha denunciado que la Consejería de Fomento, "con información privilegiada", comenzó a retirar los formularios para solicitar la prórroga en marzo de 2012 y a retrasar de forma premeditada las peticiones presentadas antes del 15 de julio de 2012.

La actuación de la Administración regional, ha reflexionado Jesús Revenga, ha provocado que mucha gente "se ha quedado por el camino" y ni siquiera ha llegado a presentar la solicitud de renovación, por lo que ya han perdido su derecho a mantener las subsidicacion. Por este motivo, ha subrayado que la solución a la situación "tiene que ser política", si bien ha apuntado que se han presentado ya varios recursos de alzada ante la denegación.

En este sentido, los representantes socialistas han criticado la política de vivienda del PP que, a juicio de la portavoz parlamentaria con este tipo de medidas "van en una dirección totalmente contraria a la adecuada".

Así, ha abogado por la puesta en marcha de un plan de renegociación de las hipotecas que "debería ser obligatorio para las entidades financieras que han sido nacionalizadas" y que permitiría "evitar los impagos, evitar los desahucios y evitar que aumente el endeudamiento de los bancos". También ha querido recordar que el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ya calificó de "malísima" la política hipotecaria de España.

Por su parte, ha recordado que con este tipo de decisiones en relación con el fomento a la vivienda y otras como las que entran en vigor este jueves, como la eliminación de la Renta Básica de Emancipación para el alquiler, el resultado es un descenso drástico de los fondos que se dedican a la materia. Así, en Castilla y León, según los datos del PSOE, se ha pasado de un montante total de 20,9 millones para subvenciones al alquiler y compra en el último Presupuesto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; a 1,68 millones en los PGE de 2013, lo que implica una caída del 91,9 por ciento.

Acciones de los afectados

Con el apoyo de los socialistas, ha apuntado Jesús Revenga, la agrupación de afectados espera enarbolar la "bandera" de esta reclamación en ámbito nacional, ya que calcula que en toda España pueden existir "cientos de miles" de personas que perderán esa subsidiación. En el caso de Valladolid, la cifra se sitúa en torno a 4.000, sobre todo de los planes parciales de Los Santos-Pilarica y Villa del Prado.

La Asociación de Vecinos de Villa del Prado centraliza la actividad en esta materia y atiende a vecinos que no sean socios o incluso que sean propietarios fuera de un barrio en el que se calcula que "el 90 o 95 por ciento" de los propietarios de las 1.800 VPO construidas en la zona puede esta afectado.

De este modo, el próximo martes, 11 de junio, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León formulará una pregunta dirigida al consejero de Fomento sobre la incidencia de esta problemática en Castilla y León, mientras que los afectados han convocado una concentración en coincidencia con el Pleno del parlamento regional, cuya sede se ubica en el propio barrio de Villa del Prado.