La diputada socialista, Cristina Pereda, ha afirmado este jueves que el Gobierno regional que preside Ignacio Diego ha utilizado la Comisión de Investigación sobre la gestión del anterior Ejecutivo de la empresa pública Cantur para "tapar la inacción" de un Gobierno "desorientado" que ha llevado a Cantabria a una situación de "emergencia económica y social" y, también, para "tapar sus casos de corrupción", en relación a la presunta financiación ilegal del PP.

En rueda de prensa, la parlamentaria recordó que es la primera vez que el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno propone crear una comisión de investigación sobre la gestión del anterior Gobierno. "Lo que Diego buscaba montando este circo mediático era poner de manifiesto su odio y su rencor, además de dar respuesta a sus intereses mezquinos que tienen que ver más con la revancha política y con denostar al Gobierno anterior que con conocer en detalle la gestión de Cantur", ha recalcado.

Pereda criticó que antes de que diera comienzo la propia Comisión, Diego ya había "decidido" qué era lo que iban a llevar a los tribunales y que ya había presentado ante la Fiscalía la correspondiente denuncia con la que "seguir tapando sus miserias", lo que, a su juicio, "demuestra la talla moral, ética y política de un presidente que fue tremendamente generoso consigo mismo al calificarse de mediocre".

También denunció que muchos de los comparecientes citados a declarar por el Grupo Popular hayan sido "interrogados y acusados", no para obtener la verdad, sino para obtener respuestas que se "acomodaran" a las conclusiones que, de antemano, los populares "ya tenían escritas" y que han provocado que la mayoría se hayan sentido "acosados, culpabilizados y sentenciados por la actitud inmoral de los dos portavoces del PP".

Sobre las actuaciones realizadas por el anterior Ejecutivo en la compra-venta del Real Racing Club de Santander, Pereda explicó que de las comparecencias en la Comisión se puede concluir que todas las actuaciones llevadas a cabo por el anterior Gobierno tuvieron el objetivo de "salvar al Racing de su desaparición".

Así, se refirió a la importancia del Racing como marca e imagen de Cantabria y a su aportación al PIB regional, ya que al mantenerse en primera división supuso que por cada euro de subvención que se entregó al Racing, las arcas públicas recuperaron tres en impuestos.

También recordó la urgencia que existía a finales de enero del 2011 para la venta del Racing que estaba a punto de ser embargado por la deuda vencida que mantenía con la Agencia Tributaria. "Con la venta del club se consiguió que se saldase dicha deuda, lo que garantizaba su permanencia, y se facilitaba la aportación de liquidez", dijo.

Pereda afirmó que durante el desarrollo de la Comisión "se han traspasado todas las líneas rojas que un sistema democrático puede soportar", lo que a llevado a su grupo a proponer al Parlamento elevar estas conclusiones a la Fiscalía para que de su lectura aprecie si han existido o no ilícitos penales durante su celebración por parte de comparecientes "amigos" del PP e incluso, por parte del portavoz Iñigo Fernández.

En relación a Cantur, la socialista aseguró que "el PP ha basado sus acusaciones en una auditoría encargada realizada a medida y que a fecha de hoy nadie ha querido firmar" y significó que sólo se hayan citado al 0'9% de los proveedores de Cantur.

Acusaciones torticeras

"En cada una de las comparecencias de proveedores, los portavoces del PP han formulado graves acusaciones contra los comparecientes". También los acusó de haber pretendido verter "irregularidades" en la contratación de los viajes contratados por Cantur con la Agencia Viajes Valsan, Altair Viajes, con el suministrador de pinturas, así como con numerosas administraciones dependientes del Gobierno y rechazó "otra de las acusaciones torticeras" del PP como es su aseveración de que para llevar a cabo un trato de favor, se fraccionaban las facturas.

Finalmente, sobre la Casa de los Gorilas de Cabárceno, negó que existieran irregularidades en su adjudicación, en los permisos preceptivos, ni en su coste o certificaciones y afirmó que, a este respecto, tampoco se puede hablar de "malversación, corrupción o enriquecimiento de nadie", ya que los comparecientes dejaron "totalmente claro" que jamás existió trato de favor con ningún proveedor.

"No ha habido causa, ha habido mala fe del PP con su presidente a la cabeza. En todos los casos, por medio de sus portavoces, el señor Bedia y el señor Fernández, han intentado advertir, intimidar, enjuiciar, coaccionar, dirigir y condenar a los comparecientes, sometiéndoles a un juicio sumarísimo", lamentó Pereda.