El portavoz de la patronal de la construcción Fadeco y representante de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Juan Aguilera, ha lamentado que el decreto ley de función social de la vivienda "llevará a la ruina a las empresas inmobiliarias, al causar un daño irreparable e irrecuperable", y pide que las empresas inmobiliarias "no sean equiparadas y comparadas con bancos y entidades financieras", algo que pide que se corrija en dicha norma.

Aguilera ha comparecido en comisión parlamentaria para valorar dicho decreto ley, tras lo que ha indicado a Europa Press que "todos los partidos políticos que nos están gobernando están desarrollando políticas que son muy perjudiciales para el sector".

En ese sentido, ha puesto ejemplos de "normas que, incluso con carácter retroactivo, están afectando de forma importante a la compraventa de viviendas y provocando que los compradores tengan cada vez más dificultades para adquirir una vivienda".

Por ello, ha solicitado a la Junta de Andalucía, especialmente a IU, que en el decreto ley de función social de la vivienda "no metan en el mismo saco ni paquete a las empresas inmobiliarias con las entidades financieras, en cuanto a las exigencias que plantean respecto a la obligatoriedad de que las viviendas que no vendan las inmobiliarias se tengan que destinar a alquiler, bajo la amenaza de una sanción".

Aguilera ha pedido que en el texto normativo "se corrija ese error" y ha apuntado que "en muchas ocasiones la culpa de que las viviendas no se vendan es de la Junta, que no abonan las subvenciones que los compradores deberían disfrutar".

En ese sentido, ha recordado que las empresas inmobiliarias "son en muchos casos estructuras familiares que sufren unos perjuicios irrecuperables e irreparables a la hora de exigirles que sus viviendas se destinen a alquiler", toda vez que "la inversión no la podrán recuperar en ese caso y además no la pueden compensar con otras actividades, como sí pueden hacer con las entidades crediticias, pues las inmobiliarias solo se dedican a eso".

"Este decreto ley llevaría a la ruina a muchas empresas del sector de la construcción, causando daños irrecuperables y no compensables", ha agregado Aguilera, quien además considera que "no es culpa de las empresas esta situación".

Asimismo, ha hecho especial énfasis en considerar "absolutamente impresentable" que se trate de castigar mediante una sanción a una estructura familiar "cuyo único pecado que ha cometido ha sido poner a disposición de la empresa todo su patrimonio y los recursos humanos más cercanos, toda su familia y sus amigos; el entorno y la familia del promotor".

Por ello, ha pedido que "no se compare a las inmobiliarias en ningún momento con una entidad crediticia" y se modifique el decreto en ese sentido y no se plantee esa obligación de entregar la vivienda para alquiler, algo que "no tiene sentido".

La CEA ha pedido a todos los partidos "sin exclusión" la responsabilidad que tienen hacia un sector que "está siendo especialmente castigado por todos los partidos".

"Estas normas nos la estamos encontrando publicadas con carácter retroactivo, cuando la medida está ya realizada, y, en el caso de la Junta, cuando ha espoleado a los promotores para que nos metamos a hacer VPO con unas ayudas que a mitad de camino, cuando están en marcha no se las dan al comprador", ha agregado Aguilera, quien considera que "el decreto ley no tiene sentido después de haber animado a invertir en hacer VPO".