El incombustible Rafael Blasco, siete veces conseller en el Gobierno valenciano con presidentes del PSOE y del PP (Joan Lerma, Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps) se resiste a dejar su escaño en el Grupo Popular del Parlamento valenciano. La Abogacía de la Generalitat, presidida por su partido, el PP, y personada en el denominado caso Cooperación como parte perjudicada, ha pedido para él 11 años y seis meses de prisión en un duro escrito de acusación por cuatro graves delitos relacionados con el presunto saqueo de las ayudas destinadas a países pobres.

Blasco ha dicho este miércoles en los pasillos de Les Corts, donde se ha sentado en su asiento del hemiciclo como cualquier otro día, que su escaño le corresponde “por decisión de todos los ciudadanos” y que no va a atender a los “políticos que se disfrazan de jueces o fiscales”. "Mi presencia en el grupo viene avalada como integrante de una lista electoral que logró 1,2 millones de votos, es un compromiso con la ciudadanía", ha asegurado ante los periodistas Blasco. Preguntado por la posibilidad de que su propio grupo parlamentario lo expulse, ha afirmado: "ese trámite no ha llegado".

"Si se abre juicio oral valoraré la situación y haré lo mejor para mi partido y mi función como diputado. Esa hipótesis no está planteada, es absurdo hablar sobre ella. No haré nada que vaya contra mi dignidad personal o ponga en duda la representación democrática que tengo", ha agregado.

En referencia al contundente escrito de acusación de la Abogacía de la Generalitat, que reclama para él pena de prisión, ha declarado que "no es un organismo judicial, sino dependiente de Presidencia o Vicepresidencia que ha hecho su papel, lo cual evidencia la autonomía que existe, ahora bien sus tesis se han de contrastar con los argumentos de las defensas".

El posible desafío de Blasco hacia el presidente de su partido y del Consell, Alberto Fabra, no se entiende sin el complicado contexto del Grupo Parlamentario Popular, que tiene en estos momentos a nueve de sus diputados imputados en diferentes casos de corrupción (Gürtel, Brugal…) e incluso a dos de ellas a las puertas del juicio oral y otros dos posibles en camino por el caso Nóos. Como el escaño es personal y no del partido, Fabra podría expulsar a Blasco del grupo, pero si él no renuncia iría al Grupo de No Adscritos.

Los temores de Fabra y su entorno se centran en que, detrás de Blasco, el resto de imputados también se vaya hacia ese nuevo grupo y complique la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana al PP con una posible pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria. La diferencia clave entre Blasco y el resto de imputados es que para el exconseller de Solidaridad es la propia Abogacía de la Generalitat la que pide 11 años de cárcel, es decir, está acusado por la propia Administración que comanda el PP.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que el exconseller y diputado autonómico del PP Rafael Blasco "sabe que tendrá que dejar" su grupo parlamentario cuando se cumplan "las dos condiciones" que anunció, y una de ellas "ya se ha cumplido", ha advertido.

El presidente del Gobierno valenciano ha reiterado en diferentes ocasiones que el exconseller debería abandonar el grupo si la Abogacía de la Generalitat informaba en su contra y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decretaba la apertura de juicio oral.

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha considerado "lamentable e inaudito" que el exconseller valenciano Rafael Blasco siga manteniendo su escaño en el Parlamento autonómico a pesar de que la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha pedido para él penas de prisión en el caso Cooperación.

Según Puig, "estamos viviendo unos momentos especiales, pasado el ecuador de la legislatura parece que está ya finiquitada ante la incapacidad obvia del president" de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra.