La presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Ángeles Muñoz, ha pedido en el Parlamento andaluz que "se cuente más con los ayuntamientos y que no se repitan planes de vivienda que buscan titulares de prensa pero que después ni tienen respaldo económico ni se plasman en realidades".

En su comparecencia en comisión parlamentaria para abordar el decreto ley de función social de la vivienda, Muñoz ha demandado la creación de una comisión mixta ayuntamientos-Junta de Andalucía para la organización, canalización y ejecución de las acciones previstas en el Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno de la Nación y dotado con 2.421 millones de euros para todo el Estado.

Muñoz ha indicado que con este Plan, el Gobierno pretende "impulsar el mercado del alquiler y la rehabilitación de viviendas, destinando 1.500 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda y 627 para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética".

Según ha afirmado la también alcaldesa de Marbella, "el Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno de la Nación supone que, por cálculos estimativos, a Andalucía podrían venir más de 400 millones de euros, que hay que canalizar para que el resultado del plan sea el mejor posible y sirva para solucionar el mayor número de problemas posibles".

Por ello, insiste, según una nota de prensa, en el hecho de que se ponga en marcha una comisión integrada por la administración autonómica y las corporaciones locales "para que quede claro de qué manera se van a organizar y distribuir las acciones y el presupuesto previsto en este plan, y qué va a poner cada administración, ya que a día de hoy no se conoce la participación de la Junta de Andalucía en este proyecto, siendo la administración competente en materia de vivienda".

Sobre el decreto ley de medidas para garantizar la función social de la vivienda, Muñoz ha pedido concreción en las políticas de vivienda "y huir de políticas basadas en la que búsqueda de titulares de prensa", de forma que aboga por "impulsar medidas de estímulo, con planes realistas, con respaldo presupuestario y sobre todo que se ejecuten; que los Ayuntamientos sepamos con qué recursos vamos a contar; que haya una auténtica política de vivienda, más allá de los anuncios y de la búsqueda de la repercusión mediática, que luego no se traduce en hechos y soluciones reales para los andaluces".

La presidenta de la FAMP recordó en su intervención que la Junta de Andalucía "es la única administración competente en materia de vivienda en nuestra comunidad autónoma", e hizo un recorrido pormenorizado por los diversos planes, leyes y normas aprobados por el gobierno andaluz en los últimos años, y que a su juicio "han creado expectativas en los ayuntamientos y en la propia sociedad andaluza, que luego se han visto defraudadas por sus pobres resultados".

Así, hizo referencia a la Ley del Derecho a la Vivienda, de la que recordó "que incluso incluía la posibilidad de que cualquier andaluz podría reclamar una vivienda ante los tribunales, dedicando un tercio de sus ingresos si era en venta y una cuarta parte si era en alquiler".

Asimismo, afirmó que el Pacto Andaluz por la Vivienda, "que teóricamente iba a construir 300.000 viviendas protegidas en 10 años, se quedó en sus resultados en torno al 10 por ciento de esa cantidad".

"Después vino el Plan Concertado de vivienda y suelo 2008-2012, que iba a financiar con 9.550 millones de entidades financieras y que también se incumplió, ejecutándose un escaso 30 por ciento", ha agregado"·.

Con respecto a la promoción pública, Muñoz recordó que los datos son "verdaderamente inquietantes", ya que "el número de viviendas de protección oficial promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía que han iniciado su construcción en el año 2012 es cero". "Si tenemos en cuenta, afirmó, que la inversión prevista en promoción de viviendas para 2013 por parte de la EPSA se reduce un 65 por ciento con respecto a 2012, poco más se puede esperar para este año", ha aseverado.

Ángeles Muñoz concluyó sus referencias a los resultados de los diversos planes y normas de vivienda puestos en marcha por el gobierno andaluz con el Programa de Fomento del Alquiler, del que dijo que "la Junta suprimió las ayudas a los propietarios en 2008 y les debe 33 millones a 6.000 propietarios, y que a las agencias de fomento del alquiler, la Junta les adeuda más de 14 millones de euros por su intermediación en el marco de este programa".

La presidenta de la FAMP concluyó su comparecencia pidiendo que "se cuente más con los ayuntamientos a la hora de plantear las políticas de vivienda".

En ese sentido, criticó que la FAMP "no haya podido participar en la elaboración de esta norma al proceder de un decreto ley", y lo contrapuso con el hecho de que, a nivel nacional, en enero de 2013 se constituyera el Fondo Social de Viviendas, en un marco de acuerdo y en colaboración con plataformas sociales, entre ellas la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con casi 6.000 viviendas en alquiler a disposición de los afectados por procesos de desahucios desde el año 2008, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban estas familias.