La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha pedido este martes que la Junta analice los datos de ejecución presupuestaria para comprobar el porcentaje de inversiones que han llegado a Andalucía y, en este sentido, ha apuntado que en 2012 fue del 18,6 por ciento, "un 0,8 por ciento más de lo que el Estatuto establece".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con los secretarios generales de UGT y CCOO en Andalucía, Francisco Fernández y Francisco Carbonero, respectivamente, la delegada del Gobierno ha señalado como "curioso" que la Junta pida la ejecución de años anteriores que "no pertenecen al Gobierno de la nación actual" y cuando "la ejecución presupuestaria en los años 2010 y 2011 fueron muy inferior a 2012".

"Lo que hay que ver es la ejecución presupuestaria, porque está muy bien pintar unos datos en los Presupuestos Generales del Estado, pero si no estaban para cumplirlos, frente a un Gobierno que los cumple", ha cuestionado Crespo, quien ha destacado que "lo que se evalúa" dentro del Estatuto andaluz es la ejecución y, según ha detallado, en 2010 fue del 15,47 por ciento, en 2011 fue del 12,34 por ciento y en 2012 fue del 18,60 por ciento.

"El Gobierno ha puesto unos presupuestos para cumplirlos", ha asegurado Crespo, quien ha instado a la Junta a ver la ejecución presupuestaria, además de mirar los 13.222 millones en un año y medio puestos por el Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el pago a proveedores.

Por último, ha solicitado al Ejecutivo andaluz "una ampliación de miras" sobre este asunto porque "hay que reivindicar para Andalucía, pero con una veracidad de las cifras", ha cerrado.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía, a través del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha remitido una carta al Gobierno donde se formula requerimiento previo a la interposición de recurso contencioso administrativo, frente a la "inactividad" del Estado al "no convocar la Comisión Bilateral" prevista en la Disposición Adicional Tercera del Estatuto (DAT) y al "no cumplir" el Gobierno con el Estatuto andaluz en materia de inversión.