Familiares, usuarios de centros, personas con discapacidad y trabajadores se han concentrado este martes ante la puerta de la Conselleria de Hacienda, convocados por la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia, para mostrar su rechazo a los recortes en este sector y exigir el "pago puntual a todos los centros, servicios y personas en situación de dependencia".

Los concentrados, que rechazan las medidas de "ajuste y de presión" que la política tanto del Gobierno centra como autonómico aplican, han pedido que se "frenen" estas acciones que, según han apuntado, "están provocando una situación de angustia en los centros con discapacidad y en las familias con personas dependientes a su cargo".

Asimismo, según ha informado la Coordinadora en un comunicado, han vuelto a insistir en que los Gobiernos "han de ser garantes de los derechos de las personas con discapacidad y no aniquiladora de los mismos".

La entidad, integrada por organizaciones cívicas y sindicales, exige soluciones "estables, duraderas y creíbles para todas las personas dependientes y con discapacidad y que se acabe de una vez por todas con, primero, los tijeretazos de las ayudas a personas y centros, y, segundo, que se estabilicen los pagos para evitar el caos y los ajustes presupuestarios en los centros y las familias".

En esta línea, ha reclamado una negociación "seria y fiable" con la administración que busque esas soluciones "mediante compromisos adquiridos y que no sea al dictado de decisiones coyunturales y caciquiles".

Al mismo tiempo, exigen el incremento de 10 por ciento lineal "recortado a los centros este año con la excusa de que la ley exige un copago". "La mayoría de familias ya tiene que pagar cuotas a los centros, ya que con el dinero público las entidades no podrían subsistir de manera exclusiva", ha explicado la entidad.

Los organizadores reclaman el pago "a los Centros Especiales de Empleo que dependen de la Conselleria de Empleo, a los colegios específicos de educación especial (de Educación), la aceleración del pago a todos los centros, el incremento de las ayudas a las personas con dependencia, la aceleración del reconocimiento a los posibles dependientes y que se paralicen las revisiones a la baja de las situaciones de dependencia".

Retirada del decreto de copago

De igual modo, exigen la retirada del decreto de copago en medicamentos y productos ortoprotésicos —artículo 160 de la Ley 10/2012 de Medidas Fiscales de gestión Administrativa y Financiera, que deroga el artículo 16 de la Ley 11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con discapacidad—.

La entidad ha recordado que este último punto "garantizaba la financiación gratuita de productos farmacéuticos, ortoprotésicos y ayudas técnicas a los/as pacientes menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y a las personas mayores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65 por ciento".

La Coordinadora subraya que la supresión "implica un gasto mensual muy elevado para la mayoría de las familias". Por ello, sostiene que no se puede permitir que la Generalitat Valenciana "desatienda principios de actuación recogidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Carta de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Unión Europea que deben garantizar la autonomía personal, la integración socio-profesional y la participación en la vida social de la comunidad de las personas con discapacidad".

La entidad ha reclamado al conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, la "priorización del pago a los Centros Especiales de Empleo, a los colegios de educación y la puntualidad comprometida en todos los demás centros y, sobre todo, el pago e incremento de ayudas a las personas en situación de dependencia".