El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes la suspensión parcial de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Chiclana de la Frontera (Cádiz), que fueron aprobadas en 1987 y que ahora rigen el urbanismo de esta población gaditana tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo.

Según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la decisión, que cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, supone el paso principal para la aprobación de unas normas sustantivas transitorias y adaptadas a la realidad actual en tanto se elabora el nuevo PGOU en el plazo de dos años.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y preservar la actividad económica y residencial del municipio, la suspensión hace referencia a aquellos ámbitos y contenidos concretos que no encuentran amparo en un planeamiento de hace casi tres décadas, y que serán también los que se regulan en las normas sustantivas transitorias.

La medida afecta principalmente a los suelos que actualmente reúnen los requisitos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para ser considerados urbanos; a los urbanizables que no fueron desarrollados y para los que el planeamiento general en elaboración adoptará nuevas determinaciones; a los urbanizables con requerimientos ambientales que exigen su protección, y a aquellos otros donde se han desarrollado dotaciones e infraestructuras previstas en el PGOU anulado pero no incluidas en las normas de 1987.

La suspensión se sustenta en el artículo 35.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que otorga esta posibilidad al Consejo de Gobierno cuando sea necesario para garantizar el interés público, previa petición del municipio afectado, por un plazo de dos años. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente inició el procedimiento tras la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Chiclana el pasado marzo.

Una vez suspendidas parcialmente las normas subsidiarias, la Junta tiene ahora un plazo de seis meses para establecer las normas sustantivas de ordenación que se aplicarán transitoriamente durante dos años, en tanto se apruebe el nuevo PGOU.