La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto en un escrito a la petición de libertad realizada por el abogado de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía encarcelado desde el pasado 20 de marzo por su presunta implicación en el caso de los ERE fraudulentos. Cree que hay riesgo de fuga.

El letrado, Fernando de Pablo, recurrió directamente ante el propio Juzgado el auto de prisión dictado por la juez Mercedes Alaya en el marco de la operación desarrollada por la Guardia Civil por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones'. Este dinero habría sido cobrado por mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo.

En su recurso de reforma, criticó que la juez elaboró en su auto "una teoría conspirativa nada cercana a la realidad", rechazando la existencia de riesgo de fuga, pues "nada hay en el comportamiento de Guerrero que haga pensar que quiera eludir sus compromisos judiciales", a lo que se suma que las nuevas imputaciones realizadas en el marco de la operación 'Heracles' "no modifican trascendentemente el devenir de su futuro judicial".

No obstante, la juez dictó un auto el 23 de abril en el que rechazaba su puesta en libertad, lo que llevó al abogado de Guerrero a recurrir en apelación ante la propia Audiencia Provincial de Sevilla, recurso en el que señaló que en la presente instrucción "hay mucho más humo que fuego". Ahora la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a esta petición al creer que, en caso de salir de prisión, existe un riesgo cierto de que el imputado se pudiera dar a la fuga.

Se da la circunstancia de que Alaya ya decretó hace un año, en concreto el 10 de marzo de 2012, el ingreso de Guerrero en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

Tras aquella decisión, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social permaneció durante más de siete meses en la cárcel de Sevilla I hasta el día 22 octubre, cuando abandonó la cárcel después de abonar 50.000 euros de fianza.