El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha pedido a las comunidades autónomas que le remitan información sobre los efectos que ha generado la supresión de entidades autónomas para incorporarlo a un informe que se estudiará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha señalado que Andalucía tiene una "cantidad importante" de información pendiente de remisión.

Concretamente, señala que si bien la región ha remitido información relativa a los efectos económicos de más del 75 por ciento de las entidades "la información debe ser objeto de revisión, teniendo pendiente de remitir información económico financiera del 50 por ciento de los entes afectados por los procesos".

Esa falta de información hace "imposible valorar adecuadamente el estado y suficiencia de los compromisos asumidos", señala el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro en el último informe sobre reordenación del sector público autonómico, que analiza el grado de cumplimiento de los compromisos adoptados por las autonomías para la supresión de entidades autónomas, principalmente empresas, consorcios y fundaciones.

Hacienda distingue entre el grupo en el que se encuentra Andalucía, junto con Aragón, Asturias, Baleares, Canarias y Extremadura, que tienen esa cantidad importante de información pendiente de remisión, y otras como Cataluña, Galicia y País Vasco, que no han remitido ninguna información de alguno de los aspectos requeridos.

Hacienda ha solicitado a las comunidades información sobre los efectos económicos y en materia de personal de la supresión de estos entes, así como información económico-financiera de todas las entidades del sector público autonómico "para valorar el volumen de recursos afectados por los procesos de reordenación".

Han superado el compromiso inicial

El informe constata que, a 1 de enero de 2013, las comunidades autónomas habían efectuado una reducción neta de 308 entidades de las 515 comprometidas, aunque este proceso ha seguido su curso y en la actualidad otras 227 entidades se han extinguido, están en fase de liquidación o han cesado en sus actividades.

Con el compromiso de reducir en 110 las entidades, Andalucía había suprimido a primeros de este año un total de 20; mientras que cien están en curso. De éstas, una aparecía como baja efectiva después del 1 de octubre de 2012; cuatro en proceso de liquidación o disolución y 95, con cese de actividades. De este modo, Andalucía reduciría en 120 sus entes regionales, diez más que la cifra comprometida inicialmente.

Los costes asociados a la reordenación han supuesto en Andalucía 8.518 euros; mientras que el patrimonio resultante atribuible al sector público es de 608.326; En materia de personal se han reducido 905 efectivos y el coste anual de los empleos que causan baja es de 33.147 euros. La estimación del ahorro respecto a un ejercicio ordinario es, según los datos del Ministerio, de 38.050 euros.

Sobre la situación de la comunidad autónoma, el informe de Hacienda recoge expresamente que el cumplimiento del compromiso se debe al caso de los 95 consorcios Utedlt en los que, aún habiendo cesado en sus actividades en el último trimestre del ejercicio 2012, se encuentran en una fase preliminar en relación a su extinción definitiva, puesto que si bien la Junta de Andalucía comunicó en octubre de 2012 su intención de separarse de estos consorcios, con el preaviso de un año establecido al efecto, todavía no se han adoptado los acuerdos de los consejos rectores para su liquidación y extinción.

Considerando las entidades efectivamente reducidas, Hacienda señala que habrían cumplido el compromiso Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana, si bien en el caso de Asturias, Cantabria, La Rioja y Castilla y León o no existía compromiso inicial o este era prácticamente nulo.

El resto de comunidades no habrían alcanzado el compromiso fijado, si bien Hacienda matiza ese resultado en base al estado en el que se encuentran el resto de entidades afectadas por los procesos de reordenación, y por otro lado, en base al porcentaje ya ejecutado en los ahorros esperados en dichos procesos o al volumen que las entidades extinguidas representan sobre el conjunto de entidades afectadas.