El Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía han acordado designar un grupo de trabajo que se encargue de proponer una solución a las "discrepancias" entre ambas administraciones sobre la normativa autonómica en materia de comercio interior aprobada por decreto-ley a finales de enero y que regula la duración del periodo de rebajas en invierno y verano y de la campaña de Navidad.

Así lo establece un acuerdo adoptado el pasado 30 de abril por la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y la consejera andaluza de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

En dicho acuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias en relación con la Disposición transitoria primera del Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico".

En concreto, dicho apartado de la norma andaluza regula el período de rebajas de invierno y verano y la campaña de Navidad, fijando su celebración del 7 de enero al 7 de marzo para las rebajas de invierno; del 1 de julio al 31 de agosto para las rebajas de verano; y del 15 de diciembre al 5 de enero para la campaña de Navidad, "todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista".

Ante las "discrepancias" expresadas por el Ejecutivo central sobre la regulación autonómica, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".

Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".