Greenpeace ha acusado al Ministerio de Industria de utilizar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para proteger a las eléctricas propietarias de la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos), Endesa e Iberdrola, en detrimento de la seguridad.

En un comunicado, la organización ecologista ha reiterado que seguirá luchando para la anulación de la Orden Ministerial que permitiría la solicitud de la prórroga a Nuclenor, propietaria de la central burgalesa.

"El modelo energético de España no puede ser un elemento de negociación entre partidos políticos y compañías energéticas", ha afirmado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Finalmente, Montón ha reiterado la denuncia de la organización sobre "la utilización del CSN por parte del Ministerio de Industria para defender los intereses de la compañías eléctricas propietarias, Endesa e Iberdrola, en detrimento de la seguridad".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado favorablemente este lunes al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur), sobre los límites y condiciones de seguridad a los que se deberá ajustar en sus actividades, a partir del 6 de julio de 2013, la central nuclear Santa María de Garoña (Burgos).

Se trata de un informe solicitado por el Ministerio de Industria a comienzos de este año, pero previo a la decisión del titular de la explotación, Nuclenor, de solicitar de nuevo al Gobierno un año más sin operar para decidir si pide una renovación de su licencia, que en principio expira el próximo 6 de julio. Así, el organismo regulador recuerda que el pasado 3 de enero de 2013, el Minetur solicitó informe preceptivo en relación con el cese definitivo de explotación de la central nuclear Santa María de Garoña, a petición del titular, Nuclenor, S.A., por razones ajenas a la seguridad nuclear, comunicada el 28 de diciembre de 2012.

La fecha de límite de emisión de este informe el 6 de junio del presente año y, por ello, el CSN ha aprobado los limites y condiciones de seguridad nuclear y protección radiológica que han de aplicar a dicha declaración de cese de explotación y que han sido establecidos teniendo en cuenta los riesgos asociados a la situación de parada definitiva de esta instalación nuclear y las actividades a desarrollar a partir de tal fecha hasta la obtención de la correspondiente autorización de desmantelamiento.

En este sentido, recuerda que el artículo 38 bis de la Ley de Energía Nuclear establece que el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares constituye un servicio público esencial que se reserva a la titularidad del Estado, estando previsto que la autorización de desmantelamiento sea presentada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A (ENRESA).

La licencia de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) expira el próximo 6 de julio, después de que en 2009 se le concediera una prórroga de su actividad de cuatro años, frente a la solicitud del titular para seguir operando hasta 2019. Posteriormente, el Ejecutivo del PP aprobó una orden ministerial para mantener abierta la posibilidad de que Garoña solicitara una nueva renovación de la autorización. Sin embargo, el pasado mes de diciembre Nuclenor comunicó su decisión de desacoplar la planta y dejar de generar electricidad al considerar que los cambios normativos y los nuevos impuestos del Gobierno en materia de energía, le generarían un coste impositivo de unos 153 millones de euros, lo que haría inviable la continuidad por motivos económicos.