El gobierno marroquí, enfrentado a una crisis política y a un grave déficit, se ha encontrado con un nuevo frente que parecía cerrado, el de desempleo, después de que un tribunal le obligue a contratar, sin concurso previo, a miles de jóvenes en la administración pública.

El gobierno formado hace más de un año por el islamista Abdelilah Benkirán se ha atrevido a tomar medidas impopulares siempre postergadas, como la subida del precio de los combustibles o su anunciada intención de reducir las subvenciones a los productos de primera necesidad —harina, azúcar y gas butano— para afrontar el grave déficit público, que alcanzó un 7,1% el año pasado.

En materia de empleo, Benkirán no escondió su intención de acabar definitivamente con la integración automática de licenciados en paro en la función pública: llegó a decir que renunciaría al cargo si no podía terminar con esta práctica.

Cada año, 200.000 jóvenes licenciados se incorporan al mercado laboral en Marruecos, donde la tasa de desempleo general —9% de la población activa— casi se duplica entre los titulados con diplomas superiores: en el segundo trimestre de 2012 —últimos datos disponibles—, sumaban un 17,6% de desempleados.

Los "licenciados en paro" comenzaron a cobrar fuerza en los años noventa, y han crecido en número y organización hasta llegar a un movimiento social heterogéneo omnipresente en casi todo el país y con un activismo político que se refleja en manifestaciones casi diarias en la capital.

Estos grupos, que reclaman su inserción directa como funcionarios sin ningún tipo de concurso público, toman a veces tácticas violentas mediante el saqueo y ocupación de instituciones públicas; en bastantes casos han llegado a quemarse a lo bonzo tras meses infructuosos de espera de una contratación.

En opinión del politólogo y profesor universitario marroquí, Mohamed Madani, el tratamiento dado por los sucesivos gobiernos desde hace años a esta cuestión alternaba "la represión sistemática" con la "contratación filtrada".

Las contrataciones directas de cientos o miles de jóvenes se han debido a coyunturas bien precisas, siendo 2011 el año en que se produjo una mayor contratación masiva, cuando casi 4.000 personas accedieron a la función pública en lo que fue visto como un modo de apagar la contestación que en Marruecos, como en el resto del mundo árabe, parecía ganar las calles.

Sin embargo, el nuevo gobierno islamista optó por acabar con la inserción directa en la función pública, una postura de firmeza que ha sido puesta en cuestión por una decisión judicial del Tribunal Administrativo, según la cual el gobierno actual debe respetar un compromiso firmado por el anterior para dar empleos públicos a 2.840 licenciados.

El "pulso" entre los grupos de licenciados en paro y el gobierno se produce en un momento en que el gobierno está en plena crisis política, después de que el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) haya perdido el apoyo de su principal socio, el nacionalista Partido Istiqlal (PI).

De hecho, el tema de los desempleados ha sido una de las manzanas de la discordia entre el PJD y el PI, partido que ha utilizado de forma demagógica el tema del empleo de jóvenes: su comité ejecutivo se alegró del auto judicial que castiga a su otrora aliado porque "garantiza el derecho a una categoría de los hijos del pueblo al empleo".

El varapalo judicial a Benkirán ha hecho correr ríos de tinta en la prensa marroquí en los últimos días; la mayoría de rotativos lo interpretaron como un triunfo de un movimiento (el de los licenciados en paro) que no se ha desgastado con los años, aunque la prensa liberal, poco afecta a los islamistas, se ha solidarizado con Benkirán.

El politólogo Mohamed Madani matiza que la batalla entre el gobierno y los desempleados —en caso de que agoten todas las vías de apelación— no debe verse sólo como una derrota, y que hay que resaltar que el gobierno ha sabido mantenerse firme en sus decisiones y sólo el poder judicial habrá podido hacerle torcer el rumbo.

El profesor de derecho administrativo en la facultad de derecho de Rabat, Yamaledin Lahmar, resaltó la complejidad de esta polémica: por un lado, existe la obligación moral del Estado de garantizar el trabajo a los jóvenes; pero por otro, la contratación directa plantea al Estado un grave problema de falta de competencias y acabará teniendo un alto costo económico.