Junta aprueba la exhumación de los restos de Martín Márquez y espera el 'sí' del Ayuntamiento

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha dado el visto bueno a la intervención para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Martín Márquez, el último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora (Almería) cuyos restos son reclamados por sus familiares, toda vez que espera que el Ayuntamiento del Almería (PP) autorice la actuación.

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha dado el visto bueno a la intervención para llevar a cabo la exhumación de los restos mortales de Martín Márquez, el último alcalde republicano de Cuevas del Almanzora (Almería) cuyos restos son reclamados por sus familiares, toda vez que espera que el Ayuntamiento del Almería (PP) autorice la actuación.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz, quienes han precisado un comité técnico aprobó la actuación hace un mes, si bien la ejecución está sujeta a que el Consistorio capitalino dé 'luz verde' ya que el cadáver yace en una fosa común ubicada en el cementerio de San José, cuyos terrenos son titularidad del Ayuntamiento.

En este sentido, desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales han puntualizado que se han solicitado ya dos reuniones con el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP) en coincidencia con las últimas visitas a la provincia del director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, si bien han sido declinadas por el primer edil.

Asimismo, aseguran que el Ayuntamiento continúan reclamando información sobre los trabajos a practicar, aunque "solicita la misma información una y otra vez", con lo que apuntan que, en la última ocasión, la misiva carecía de la firma de un técnico y era rubricada únicamente por un edil del equipo de gobierno.

Desde el Ejecutivo autonómico han lamentado esta situación y han afirmado que, de persistir esta situación, recurrirán a la vía contencioso-administrativa aunque el principal objetivo es "evitar más retrasos" en la gestión de este expediente, que podría demorarse entre uno o dos años más si se traslada al ámbito judicial.

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