Salud recibirá 2,6 millones este 2013 para garantizar la asistencia sanitaria a los presos de las cárceles andaluzas

El Gobierno andaluz recibirá del Ministerio del Interior poco más de 2,6 millones de euros para garantizar la asistencia sanitaria de la población reclusa que se encuentra en las cárceles andaluzas, según el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de este viernes, que viene a ratificar las autorizaciones provisionales que permiten a Instituciones Penitenciarias suscribir convenios de colaboración con las comunidades de Andalucía, Extremadura, Madrid y Región de Murcia.

El Gobierno andaluz recibirá del Ministerio del Interior poco más de 2,6 millones de euros para garantizar la asistencia sanitaria de la población reclusa que se encuentra en las cárceles andaluzas, según el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros de este viernes, que viene a ratificar las autorizaciones provisionales que permiten a Instituciones Penitenciarias suscribir convenios de colaboración con las comunidades de Andalucía, Extremadura, Madrid y Región de Murcia.

Según la referencia del consejo, consultada por Europa Press, Andalucía recibirá también por este mismo concepto el próximo año 2004 algo más de 1,3 millones de euros. En concreto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras abonará una cantidad o módulo por cada recluso para atender sus diferentes necesidades de atención médica y sanitaria que puedan surgir.

Este acuerdo supondrá, según el Gobierno estatal, un ahorro para la Administración Penitenciaria, al evitarle tener que pagar a la administración sanitaria autonómica correspondiente cada una de las facturas por cada acto de atención que preste a los reclusos en un centro penitenciario.

El objeto esencial de estos convenios es establecer y regular la cooperación entre las Consejerías afectadas de dichas comunidades e Instituciones Penitenciarias para la prestación de asistencia sanitaria a la población interna de los centros penitenciarios ubicados en las citadas comunidades.

Precisamente este mismo mediodía, la consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, había aludido a los recientes problemas surgidos con Interior "cuando en un principio parecía que no iban a renovar ese convenio con las CCAA, por lo que la población reclusa se quedaba en indefinición legal".

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