El Gobierno cambiará el modelo de reparto del 0,7% que recauda a través de la casilla solidaria del IRPF para tener más competencias, según ha anunciado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno.

Así, ha explicado que el sistema actual da demasiadas competencias a las comunidades autónomas, porque pueden vetar o primar proyectos en su territorio, a raíz de varios recursos presentados por la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional desde 1999.

En su intervención ante representantes de entidades sociales catalanas en el Fòrum Social Pere Tarrés, Moreno ha dicho que la nueva fórmula respetará la última sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de abril, que obliga a modificar la convocatoria para garantizar su permanencia sin debilitar a las entidades sociales.

Tras reconocer que Cataluña es la comunidad autónoma donde más "x" se ponen en la casilla solidaria, ha asegurado que hay que cambiar la convocatoria de 2013 para añadir más competencia a los grandes organismos estatales, como serían Cruz Roja o Cáritas, y que trabajan contrarreloj para que la convocatoria de este año salga en junio.

Pese a los cambios anunciados, ha asegurado que el nuevo reparto se pactará con las comunidades autónomas y que habrá más recursos para las autonomías, aunque no ha especificado cómo. En su intervención, ha pedido que los ciudadanos marquen la casilla solidaria del IRPF de "Fines sociales", aunque ha recordado que el contribuyente puede elegir también la casilla de la Iglesia católica y marcar ambas.

En 2012, se recaudaron a través de esta casilla casi 204 millones de euros, con los que se han financiado 1.103 programas de 425 ONG dirigidos a unos 25 millones de personas, 6 millones de ellas de colectivos en riesgo de exclusión. En Cataluña, se han financiado 318 proyectos desarrollados por 131 entidades por un importe total de 28,3 millones.

El secretario de Estado ha anunciado también que habrá una Ley del Tercer Sector y que en ella se creará la figura de entidades sociales colaboradoras con las administraciones públicas, para cumplir con la estrategia de Europa 2020, porque quieren que el tercer sector juegue un papel más destacado que en la actualidad.