La organización agraria COAG-A ha advertido de que el nuevo modelo de ayudas que se discute actualmente en el marco de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) supone "una amenaza para miles de explotaciones ganaderas que, en algunos casos, podrían ver reducidos sus ingresos en más de un 90 por ciento", por lo que exige un "tratamiento diferenciado para la ganadería en la nueva PAC, para evitar que peligren las explotaciones andaluzas".

En una nota, la organización ha indicado que "la aplicación de un sistema de pagos basado en las hectáreas disponibles y una homogeneización de los mismos que no tenga en cuenta las características de nuestra ganadería tendrá unos efectos devastadores en las explotaciones familiares andaluzas, que constituyen la columna vertebral de una actividad que se desarrolla fundamentalmente en territorios en los que no existen otras alternativas productivas".

Considera que el nuevo sistema de ayudas propuesto "supone cambiar de un modelo basado en la actividad productiva, en los animales presentes o en el histórico de la explotación, a otro fundamentado en la cantidad de hectáreas disponibles en un año determinado", ante lo que deja claro que en Andalucía "este modelo es inaplicable, pues conviven por un lado explotaciones con escasa base territorial o que mantienen unas dimensiones adecuadas para el correcto manejo del ganado y, por otro, enormes superficies declaradas como pastos en los que existe poca o ninguna actividad ganadera".

A juicio de COAG-A, "corremos el riesgo de que se produzca un enorme trasvase de fondos desde las explotaciones profesionales andaluzas hacia grandes extensiones que no tienen ninguna vocación productiva y que solo pretenden lucrarse del nuevo sistema, lo cual provocaría la desaparición de miles de explotaciones en nuestro territorio, precisamente aquellas que más contribuyen al desarrollo de las comarcas donde se ubican".

Para esta organización resulta prioritario que "se reconozca esta situación y que se apliquen aquellas medidas que intenten minimizar los efectos negativos de la reforma de la PAC".

Concretamente, COAG plantea que se tengan en cuenta que "es necesario concentrar los recursos y focalizar los apoyos de una manera eficiente en torno a la actividad productiva", por lo que plantea que "se profundice en la definición de agricultor activo, entendiendo como tal a aquel que tiene la agricultura y ganadería como principal fuente de ingresos, que produce alimentos, que invierte, innova y participa directamente en el desarrollo del territorio en el que se ubica".

A su juicio, "resulta imprescindible dotar de contenido el concepto de actividad mínima, que en el caso de la ganadería debe ser demostrable a través de una carga ganadera mínima en los pastos susceptibles de recibir ayudas directas". Ha apuntado que en la actualidad "existen cientos de miles de hectáreas de pastos en Andalucía que no mantienen ningún tipo de ganado y resulta inadmisible que puedan recibir cualquier clase de pagos, teniendo en cuenta que cada euro que ingresen irá en detrimento de los importes percibidos por los ganaderos profesionales andaluces".

Deja claro asimismo que "cualquier propuesta de regionalización económico-productiva que se plantee debe tener en cuenta la gran diversidad de modelos y orientaciones productivas existentes, de tal manera que en el pasado se han conformado derechos de pago que van desde uno hasta 5.000 euros por hectárea", por lo que ve necesario que "se establezcan claramente tramos que comprendan por un lado a aquellas explotaciones con poca base territorial y, por otro, a aquellas que mantienen la suficiente superficie para no resultar perjudicadas por el sistema de pago básico". COAG ve este elemento "fundamental para evitar el trasvase de fondos entre explotaciones".

Asimismo, cree que "debe destinarse el mayor porcentaje de fondos posible a la creación de pagos asociados voluntarios y considerar prioritarios a los sectores ganaderos para la concesión de estas ayudas, focalizando los esfuerzos en quienes realmente lo necesiten".

En este sentido, COAG reclama que las ayudas acopladas "no vayan destinadas únicamente a solucionar el problema de los ganaderos poseedores de derechos especiales, tal y como recoge la propuesta de la Comisión, sino que tengan como objetivo contribuir a resolver la problemática de todas aquellas explotaciones, particularmente las de ovino y caprino, que vean reducidos de manera significativa sus ingresos con la aplicación del nuevo sistema de pago básico".

"El presupuesto debe ir destinado a este colectivo y en ningún caso debe servir para sobreprimar aquellas explotaciones que ya reciban pagos desorbitados por superficies pastables ni a las grandes corporaciones dedicadas al cebo industrial de ganado, tal y como se pretende en algunos ámbitos", ha agregado la organización, que también plantea la necesidad de que en el nuevo marco "se mantenga un pago acoplado para los productores de vaca nodriza, que durante todos estos años han tenido una ayuda asociada a la actividad productiva".

Esta nueva ayuda, calculada según las necesidades del sector y modulada para optimizar el presupuesto disponible, "es imprescindible para evitar el desmantelamiento de una actividad económica muy importante en nuestro territorio", añade COAG-A.