El valedor do Pobo en funciones, José Julio Fernández, ha advertido de que "la crisis no puede servir de excusa para relajar la protección medioambiental", al contrario, debe "convertirse en una oportunidad para mostrar la consistencia del compromiso con el planeta".

Así lo ha señalado después de recordar que el alto comisionado ha encargado un peritaje a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) sobre el proyecto minero a cielo abierto de Corcoesto, en la comarca de Cabana de Bergantiños, y que, según sus palabras en la Comisión de Peticións del Parlamento, espera que en "próximas semanas arroje luz para resolver esta cuestión".

Después de que los grupos parlamentarios de la oposición pidiesen recomendaciones contundentes en este sentido al valedor, como que inste al Gobierno gallego a paralizar este proyecto en tanto no se cuente con el peritaje independiente encargado por el alto comisionado, José Julio Fernández ha señalado que todavía "no tienen una decisión tomada", pero ha apelado a sus palabras "muy duras" en el informe de 2012 al respecto de la "falta de claridad" sobre las consecuencias que tendrá de llevarse a cabo.

En su intervención, la diputada nacionalista Tereixa Paz le preguntó si sería "posible" solicitar que la Xunta "paralizase la tramitación del expediente mientras no cuente (el valedor) con el informe"; mientras que el diputado de AGE David Fernández Calviño consideró que "no es de recibo" que "prevalezca una actividad (la minería)" sobre cualquier otro uso del suelo y le ha instado a analizar la situación del medio rural y las consecuencias poblacionales de la "implantación de la megaminería contaminante".

Por su parte, la diputada socialista Patricia Vilán, que recordó que los socialistas presentaron una cuestión ante el Valedor por este tema, juzgó "insuficiente" lo recogido en el informe, "nueve líneas en mil folios", y preguntó por qué no inició una queja de oficio como hizo la defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

El presidente de la defensoría gallega defendió que se están dedicando "muchos esfuerzos" a este asunto y ha recordado que el mayor número de quejas se han producido en el primer semestre de este año (22 frente a las ocho de 2012), así como ha explicado que no se inició una acción propia debido a que ya se está actuando a través de las solicitudes ciudadanas.

Situaciones sociales

En 2012, señala el informe, se produjo un aumento de las solicitudes de ayudas sociales, en concreto, un aumento de las peticiones de rentas de integración social (Risga), o de las ayudas de emergencias social. A este respecto, se investigaron "retrasos" en la concesión de las ayudas de la Dependencia y déficits de plazas.

Además, en ese ejercicio se han realizado un total de 6.786 actuaciones de atención al ciudadano, una suma que se ha hecho por primera vez, contando todas las gestiones realizadas por la defensoría gallega, incluyendo expedientes, visitas y consultas telefónicas. La queja 'gana peso' en el conjunto de las acciones desarrolladas, siendo 36, el doble que el año anterior, las promovidas de oficio por el Valedor do Pobo.

Asimismo, el Valedor tramitó 67 quejas en el área de Cultura y Lingüística, 20 en sociedad de la información; 27, en menores; 842 en corporaciones locales, servicios municipales y protección civil; 55, en obras públicas y expropiaciones; 252, en administración económica y transportes; 94, en justicia; 128, en sanidad; 78, en emigración y trabajo; 32, en agricultura, ganadería y pesca; 144, en educación; 233, en medio ambiente; 216, en empleo público e interior; y 89 en industria, comercio y turismo.

Intervenciones de los grupos

Por otro lado, la diputada socialista ha criticado la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, aprovechando que también se presentaba el informe sobre el uso de nuevas tecnologías por parte de los menores y, especialmente, los adolescentes, y ha situado esta materia como una de las que podía incluir el buen uso de internet.

El diputado de AGE, por su lado, ha instado al Valedor do Pobo a realizar un "análisis de la situación del medio rural" y "el ataque que sufren las personas" que viven en este ámbito, a las que "no se les permite estudiar o se las quiere apartar de los servicios públicos".

En este sentido, la parlamentaria socialista ha hecho mención a la crítica de la reducción de escuelas rurales realizada por la institución, y ha preguntado por los "efectos" que tendrá tener que pagar los libros o los cambios de criterios para el uso del transporte escolar y comedores.

El diputado de AGE también ha llamado la atención sobre los derechos de los trabajadores, que se "están vulnerando constantemente", como en el caso de la negociación colectiva, y ha apelado a evitar que "los derechos fundamentales no sean violentados por el PP".

La diputada nacionalista Tereixa Paz ha llamado la atención sobre el "incremento" de las quejas en servicios sociales, y ha considerado que "la crisis y los recortes de las distintas administraciones no son neutros y acaban constituyendo un fracaso en relación con la ciudadanía".

El parlamentario popular Agustín Baamonde ha incidido en que el aumento de quejas puede observarse desde varios prismas, como algo negativo, pero también como algo positivo, debido a que implica un mayor conocimiento de la institución por parte de la ciudadanía.

En síntesis, para el diputado popular ha concluido, a la vista del informe presentado, que el Gobierno de la Xunta "pasa con holgura y dignidad el test y examen que representa la presentación" de este documento, y ha constatado la receptividad de la Administración autonómica a la hora de recibir requerimientos.

Informe sobre internet

Por otro lado, José Julio Fernández ha presentado ante la Comisión de Peticións el informe extraordinario sobre el uso de internet por parte de los menores, que había sido realizado y presentado en la época de su antecesor, en octubre de 2011.

Entre los datos, casi dos de cada diez niños (18,7%) gallegos presentan un riesgo elevado de tener ciberdependencia y el 5,9 por ciento registra "claros indicios" de estar en esa situación. Además, más de la mitad de los adolescentes gallegos navegan por Internet sin control de sus padres (52,8%) y el 80 por ciento asegura que nunca ha discutido por el uso de la Red con sus progenitores.

De este informe, 'Adolescentes e Internet en Galicia', que tuvo la colaboración de la Consellería de Educación y de la USC, se desprende que los patrones que marcan una puntuación elevada en la escala de dependencia responden a una persona que se conecta a la Red prácticamente todos los días, más de dos horas y a partir de las 21.00 horas. La mayoría tiene conexión en su cuarto, utilizan el 'messenger' con regularidad y el 30 por ciento usa la cámara web.

En este documento se realizan diversas recomendaciones para evitar la adicción a internet y, ya en la comisión, José Julio Fernández ha destacado que en el protocolo de acoso escolar impulsado por la Xunta se haya incluido la recomendación referida al 'ciberacoso'.

El valedor ha señalado que poco a poco se avanzará en materia reguladora, aunque ha planteado que "igual es más eficaz que no la haya y "lo mejor es un compromiso de toda la sociedad" en esta materia.

Tras contar una anécdota personal, José Julio Fernández ha considerado "desproporcionado" que un padre o madre utilice un perfil falso en las redes sociales para espiar a sus hijos. "Creo que es mejor actuar transparentemente y no engañar al hijo", ha opinado, antes de llamar a la "cordura social" y a la búsqueda de un "equilibrio entre libertad y control".