El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid llevará al Pleno de este viernes una propuesta para que la institución provincial suscriba un acuerdo con la Unión de Consumidores para prestar asesoramiento técnico y jurídico a los afectados por las preferentes.

El portavoz del PSOE, Juan José Zancada, ha explicado que los afectados por las preferentes de Caja España-Duero "serán los grandes perdedores" del proceso de fusión de la entidad castellana con Unicaja, ya que deberán afrontar "dos canjes diferentes y esperar al menos dos años para recuperar una parte de su dinero".

Las preferentes de Caja España-Duero contabilizan unos 416 millones de euros, aunque si se suma la deuda subordinada, "el total de híbridos en circulación asciende a unos 1.400 millones, según ha explicado el PSOE, quien ha precisado que al menos unos 14.000 clientes minoristas se encuentran atrapados en estos productos, muchos de ellos vecinos de la provincia.

"Son numerosas las quejas y consultas que vienen realizando los representantes municipales socialistas en la provincia de Valladolid, ante las peticiones de sus vecinos de información y asesoramiento para afrontar este problema", según ha aseverado el portavoz del PSOE en la Diputación.

"Estamos ante un hecho excepcional, que afecta a numerosas familias, que de buena fe han depositado sus ahorros de toda la vida, y que en estos momentos se encuentran desorientados y desconcertados, por lo que debemos ayudarles desde las instituciones", ha sentenciado Juan José Zancada.

Con la finalidad de intentar colaborar con las personas afectadas en la provincia de Valladolid, en un asunto tan complejo, desde el Grupo Provincial Socialista entiende que deben intervenir profesionales "especialmente cualificado como complemento al trabajo de las oficinas de información al consumidor".

Con el fin de facilitar el acceso de los cientos de ciudadanos de la provincia de Valladolid que se encuentran afectados por este problema, y carecen de el asesoramiento necesario, desde el PSOE se ha propuesto la firma de un convenio de colaboración entre la Diputación de Valladolid y la Unión de Consumidores, "con el fin de dar respuesta a las quejas y demandas de los ciudadanos".