La Fiscalía Provincial de León ha derivado al Juzgado leonés la denuncia de IU contra las cajas de ahorros de Castilla y León para investigar "supuestas ilegalidades", ya que, tras su investigación, ha considerado que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de administración desleal en el caso concreto de la fusionada Caja España-Duero.

Así lo ha anunciado este jueves el coordinador regional de IU, José María González, quien, tras aclarar que la coalición no tiene "ánimo persecutorio contra nadie", sí ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la Fiscalía no haya archivado los hechos expuestos y espera ahora respuestas similares de las del resto de provincias afectadas, en concreto de Segovia.

"Tengo la sensación de haber cumplido", ha señalado José María González, quien ha asegurado que se personará en el proceso cuando el Juzgado de León al que se derive el caso tome la decisión oportuna sobre los hechos denunciados, un proceso en el que confía que le acompañe el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.

De este modo, según consta en la notificación remitida por la Fiscalía de León a IU los hechos denunciados por la coalición pueden ser constitutivos de delito de administración desleal contra los miembros de los Consejos de Administración de Caja España y de la Comisión Ejecutiva de Caja Duero hasta su fisión y, en su caso, los Directivos del Banco Ceiss a partir de ella "que aprobaron las operaciones a las que se refiere la denuncia".

En concreto, la denuncia fue presentada por IU el 15 de noviembre de 2011 ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), con sede en Burgos, para investigar supuestas "ilegalidades" en el seno de las cajas de ahorro de Castilla y León.

La denuncia, compuesta de ocho apartados, plasmaba una serie de "irregularidades" de las que tuvo constancia IU desde 2008 y entre las que destacan una serie de "créditos de escasa solvencia" o en condiciones "ventajosas" para algunos consejeros de Caja España, Caja Duero y Caja Segovia.

Dentro de esos préstamos personales, según el texto de la denuncia, sobresalen una serie de créditos y avales concedidos al consejero de Caja Duero Francisco Rubio por un monto superior a los 27 millones de euros, dentro del que se incluye un préstamo a una empresa de su propiedad por valor de 13.000.000 de euros.

De igual modo, se incluyen una serie de préstamos "irregulares" en el seno de Caja España entre los años 2006 y 2009 cuando se concedieron a uno de sus directivos, Santos Llamas, préstamos a empresas vinculadas a su propiedad por valor de 17.600.000 euros y un préstamo hipotecario, al mismo beneficiario, por importe de 15.200.000 euros.

Unos supuestos "beneficios", en comparación con las condiciones que se requieren para el conjunto de la ciudadanía, que la denuncia también extrapola al resto de entidades, en las que se asegura que se han producido operaciones similares.

La denuncia se completaba con una serie de puntos vinculados a indemnizaciones millonarias para directivos de entidades en "condiciones mucho más favorables" que la del resto de trabajadores y entre las que sobresalen los cerca de 6 millones de euros que Caja Segovia entregará a su exdirector general, Manuel Escribano, en concepto de prejubilación.