La comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha pedido este miércoles que se rechace el acuerdo de pesca que Bruselas ha negociado con Mauritania, una posición que, de confirmarse en sesión plenaria el próximo julio, dejaría sin efecto el protocolo actual, criticado con dureza por la flota española.

Tras aplazar el voto durante varios meses, los eurodiputados finalmente han validado el informe del canario Gabriel Mato (PP), que defiende que las condiciones actuales son perjudiciales para el sector e insiste en que la Comisión Europea negocie un nuevo convenio.

El texto sostiene que las condiciones actuales no benefician ni a la UE ni a Mauritania y apuesta por negar su aprobación, para que Bruselas negocie un acuerdo "nuevo" y no continúe buscando posibles modificaciones en el marco la comisión mixta entre las partes. También recoge que el protocolo "no resulta rentable" y que, a excepción de los atuneros y varios merluceros, "la flota no ha pedido licencias provisionales".

En varias ocasiones, Mato ha alertado de que el régimen pesquero es "muy caro para las posibilidades de pesca que ofrece", porque incrementa el coste de la actividad de la flota "entre un 300 y un 400 % en algunos casos" pese a que las posibilidades de pesca son "mucho menores" que en acuerdos precedentes.

Uno de las principales críticas del sector hacia el acuerdo negociado por la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, en nombre de los Veintisiete, es que deja fuera a los cefalópodos aduciendo que los stocks de pulpo no están en buen estado, algo que niegan los pescadores y por lo que solicitaron nuevos informes científicos.

El pasado febrero, las autoridades mauritanas y el Ejecutivo comunitario acordaron revisar algunos elementos del convenio pesquero para atender a las quejas del sector europeo y convinieron en reunir nuevos datos sobre el estado de algunas especies afectadas.

La Eurocámara anunció el aplazamiento de su voto para la ratificación a la espera de conocer los resultados de esta revisión, que tampoco ha gustado a la flota española, una de las principales interesadas.

Aunque el nuevo régimen pesquero está siendo aplicado de manera transitoria, está pendiente aún del posicionamiento del pleno delbParlamento Europeo, que tiene poder para aprobarlo o rechazarlo, pero no para modificarlo. El informe adoprado este miércoles es el que se someterá al plano, previsiblemente en julio.

Las condiciones iniciales conceden licencias a los europeos para un periodo de dos años a cambio de una contrapartida anual de 70 millones de euros de las arcas comunitarias. A esa suma se añadirán otros 40 millones que debería aportar la flota por los permisos. Con ello se da acceso a un centenar de barcos europeos de doce Estados miembros, entre ellos España, Italia, Portugal, Grecia, Francia y Reino Unido.