La agencia de calificación crediticia Fitch ha advertido de que la legislación andaluza que ha permitido evitar el desahucio de un deudor hipotecario moroso subraya el riesgo de que se produzca un debilitamiento en la aplicación de la normativa hipotecaria española.

En concreto, el pasado 23 de mayo se hizo oficial la primera expropiación de una vivienda en Andalucía para impedir el desahucio de su propietaria por el riesgo de exclusión social aplicando la nueva legislación autonómica.

"El hecho de que el desahucio fuera interrumpido antes de que tuviera lugar sugiere que este tipo de acciones no puede aplicarse retrospectivamente", apunta la calificadora de riesgos.

Asimismo, Fitch apunta que existen varias incertidumbres sobre la aplicación de la normativa andaluza, puesto que "no está claro quién correrá con los gastos corrientes o el alquiler de la propiedad durante el periodo que las autoridades andaluzas determinen que debe ser alquilado al ocupante".

De este modo, la agencia señala que este tipo de legislaciones y la incertidumbre relativa respecto a la apliación del proceso de ejecución hipotecaria se encuentran entre las causas para asignar en marzo de 2013 una perspectiva 'negativa' a todos los tramos de bonos españoles de titulización hipotecaria de inmuebles residenciales (RMBS), así como para ampliar a cuatro años el tiempo estimado para completar las ejecuciones de hipotecas residenciales morosas.