El diputado de AGE Juan Manuel Fajardo ha pedido este miércoles a la Xunta que excluya de la contratación pública a aquellas empresas que tengan sentencias o actas de inspección por vulneración de derechos laborales o sindicales, algo a lo que, según la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, ya obliga la propia legislación estatal. Eso sí, como ha puntualizado, siempre que exista una "sentencia firme".

En una interpelación ante el pleno de la Cámara, Fajardo ha preguntado a la titular de Facenda si cree "decente" que el dinero de los impuestos de "los trabajadores, que no de las grandes empresas o de la banca" se utilice para contratar con compañías que "roban el dinero a sus trabajadores" al, por ejemplo, no pagar.

En este sentido, ha referido que la empresa concesionaria del servicio de limpieza de la Cámara no abonó la extraordinaria de Navidad a sus empleadas, como si de trabajadoras públicas se tratase. "Y ese dinero no lo descontó al Parlamento, lo incluyó en su cuenta de beneficios", ha subrayado, tras señalar que ya existen sentencias que imponen su pago.

"Obliguen a la empresa a pagarles la extra. Demuestren si gobiernan con humanidad o inhumanidad", ha requerido, si bien Elena Muñoz ha declinado pronunciarse sobre este asunto en concreto. Lo que sí ha dejado claro es que no es necesario regular la prohibición de contratar con este tipo de empresas porque ya figura en la normativa estatal.

No ha ocultado que existen "dificultades prácticas" para conocer la situación de las empresas y, por ello, ha asegurado que la Xunta trabaja "desde 2009" en nuevas fórmulas para "mejorar la coordinación" entre los órganos de contratación y la administración autonómica, local y las propias universidades.

MEJORAS

En este sentido, ha señalado que el pasado mes de abril se puso en marcha un sistema telemático para saber si las empresas inscritas en el Rexistro Galego de Contratistas "están al corriente de sus obligaciones tributarias" con la hacienda pública y con la Seguridad Social y, en caso de respuesta negativa, informa a los órganos de contratación.

Asimismo, Muñoz ha avanzado que su departamento trabaja en la "mejora" del sistema de alertas por prohibición de contratar, la incorporación de nuevos criterios de solvencia y la tramitación telemática integral de formularios de inscripción en el registro oficial de licitadores y de modificación de los datos, entre otras medidas.

Policía local

Por otra parte, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dado respuesta en el Pazo do Hórreo a una pregunta de la diputada del PPdeG Paula Prado, que se ha interesado por las medidas que tomará el Gobierno gallego en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la gestión de los procesos selectivos de Policía Local.

Así, Rueda ha anunciado que el próximo mes de junio se firmará un protocolo por el que "todos los ayuntamientos" que tienen cuerpo de Policía Local, 131 en Galicia, podrán "adherirse a un proceso centralizado" para llevar a cabo las pruebas de selección. "Va a ser voluntario, el que no quiera, no tiene por qué sumarse", ha matizado.

En todo caso, a su juicio, este proceder tiene "evidentes ventajas" basadas fundamentalmente en un "ahorro considerable de costes". Y es que, como ha dicho, la convocatoria de una sola plaza puede suponer "unos 5.000 euros" para un ayuntamiento, de modo que la Xunta, a cambio de las tasas de examen, centralizará este procedimiento.

Para los aspirantes, además, supondrá ventajas en materia de movilidad y también conferirá a las pruebas "una mayor garantía de igualdad", dado que el temario será "único", según ha añadido Alfonso Rueda.