El plan aprobado esta semana por la Comunidad de Madrid, por el que parados que cobren la prestación deberán realizar trabajos "de colaboración" con los ayuntamientos, ha sido recibido con un rechazo frontal por parte de los sindicatos, pero aprobado con varios matices por parte de los economistas y académicos consultados por este diario, que ven puntos positivos y negativos que conviene aclarar acerca de este programa de empleo fomentado a partir de la reforma laboral.

El programa regional aportará 15 millones de euros para que los municipios madrileños puedan emplear hasta un centenar de parados en labores "de utilidad social o en beneficio de la comunidad" durante seis meses, en jornadas de hasta ocho horas y a partir de octubre. Tal como ha confirmado la Consejería de Empleo a este diario, lo harán sin contrato, sin estar dados de alta en la Seguridad Social y, por tanto, consumiendo su prestación, si bien recibirán además un complemento económico y un máximo de 60 horas de formación.

La medida, dirigida exclusivamente a personas desempleadas que sean perceptoras de prestaciones o subsidios por desempleo, resulta "discriminatoria" en opinión del sindicato Comisiones Obreras, que denuncia que así excluye a quienes más lo necesitan, los parados de larga duración. Además, el sindicato señala que estos trabajos no tienen "la consideración de trabajos por cuenta ajena" ni pueden considerarse como una medida de cualificación profesional.

Pese a que tanto la propia ministra de Empleo ha defendido que este plan madrileño "no es una nueva medida" ya que esta posibilidad legal lleva en vigor desde 1982 y otras comunidades como Murcia, Andalucía o Asturias ya la usan, los economistas y académicos consultados por este diario apuntan a que este plan de formación aún debe ser detallado para resultar efectivo.

¿Para qué puede servir un plan como el aprobado por la Comunidad de Madrid? El primer objetivo es obvio: poner a trabajar a personas a las que ya se les está pagando. Más allá, tal como señala el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo, surgen más "externalidades positivas: se crea una rutina positiva de trabajo, por la que el desempleado se mantiene activo y no pierde parte de sus destrezas", explica. Además, el plan puede servir, de forma colateral, para detectar posibles bolsas de fraude en personas que realmente no están desempleadas pero cobran la prestación.

Otras externalidades, como son el mantener fuera del sistema laboral "reglado" a miles de desempleados-ocupados, no son tan positivas, según el criterio de García Montalvo. En su opinión el legislador tiene que dejar claro que estos vacíos legales van a ser una excepción. "Mientras se limite a esto y no acabe siendo un agujero, puede ser una medida positiva", concluye.

Más optimista, aunque también con reticencias y a la espera de conocer más detalles, se muestra el profesor Sandalio Gómez, de la escuela de Negocios IESE. En su opinión, la idea de que cierto número de parados puedan combinar su labor de formación con trabajos en favor de la comunidad "puede aportar productividad al conjunto del país". "Lo ideal sería que la gente se presentara voluntaria", explica, al tiempo que asegura que una medida como esta debe venir acompañada de un "pacto de solidaridad" entre todos los actores sociales: empresarios, trabajadores...

"Si al parado le pides un esfuerzo, el resto de sectores tienen que dar ejemplo también. ¿Por qué las empresas solventes no se comprometen a contratar un 1% de jóvenes con contratos de fomento del empleo?", se cuestiona el profesor Gómez. En su opinión, el plan de la Comunidad de Madrid puede aportar aspectos positivos al conjunto de la riqueza del país y a los propios desempleados, "para los que tener una oportunidad de trabajar, aunque sea cobrando un complemento, puede ser bueno para ellos y su autoestima".

Más pesimista, por su parte, es el execonomista jefe de Intermoney Alejandro Inurrieta, para quien el programa es un "globo sonda" como muchos que ya se han venido lanzando en relación a los desempleados. "Es una ocurrencia ante la falta de ideas para solucionar el grave problema del paro", sostiene.

En opinión de este analista, el peligro que subyace es que con estos trabajos "de utilidad social" se ocupen puestos de trabajo que en realidad son estructurales, pero se han destruido o bien por los despidos en el sector público, o bien por la falta de contratación. "Como siempre no se ha explicado bien, y se tendrá que legislar para comprobar su verdadero alcance", concluye.