La Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz ha instado a la Junta, con los votos a favor de PP-A e IULV-CA y la abstención del PSOE-A, a reanudar los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (SOAJP) en Andalucía, como medida necesaria para garantizar y respetar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz y conveniar con los Colegios de Abogados la prestación del mismo de manera inmediata.

En defensa de esta proposición no de ley presentada por el PP-A, el diputado 'popular' Juan Ramón Ferreira ha explicado que este servicio, que no se presta desde ninguna otra instancia, quedó suspendido desde el mes de mayo de 2012 y que durante su prestación se ha cubierto una necesidad "real" para garantizar la protección de los derechos humanos y caminar hacia la reeducación y la reinserción social de los más de 16.000 presos que hay en la Comunidad.

"Si los SOAJP desaparecen, la población privada de libertada se queda sin ningún tipo de asistencia, incluyendo la defensa y atención jurídica especializada en materia penitenciaria y ello unido a la realidad de la población reclusa como es la falta de medios económicos, bajo nivel cultural o dificultad para contactar con los profesionales del derecho", ha apuntado Ferreira.

El diputado del PP-A, que ha considerado que esta decisión ha sido "un error político", ha destacado también que no existe una necesidad "indispensable" de un convenio tripartito entre el Gobierno de la Nación —que tiene las competencias penitenciarias—, la Junta y el Colegio de Abogados para prestar este servicio. "La mayor parte del tiempo se ha hecho sin este convenio tripartito y no ha cambiado ninguna normativa que obligue a ello", ha añadido.

PSOE-A:

"no es por falta de dinero,

Sino de una vía jurídica"

Por su parte, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha criticado que esta iniciativa venga del PP, la misma formación que está en el Gobierno de la Nación y que se ha "desentendido sorpresiva y unilateralmente" del convenio tripartito firmado en 2008 entre Gobierno, Junta y Colegio de Abogados, "pese a que es la Junta quien lo financiaba en su integridad".

Pérez ha explicado que su formación ha presentando una enmienda a esta iniciativa para instar al Gobierno de la Nación a retomar este convenio tripartito. "No hay un problema de recorte o de falta de financiación, sino que se necesita una vía jurídica para poder hacer frente a los pagos", ha añadido la parlamentaria socialista. Si bien, esta enmienda no ha sido aceptada por el PP-A.

IULV-

Ca pide a junta que "coja el toro por los cuernos"

Finalmente, la diputada de IULV-CA Alba Doblas ha asegurado que su formación viene trabajando desde hace mucho tiempo "codo con codo" con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) para la reanudación de este servicio. "Los presos son también sujetos de derecho y no pueden verse privados de los mismos", ha apuntado la parlamentaria, quien ha considerado que el turno de oficio "no es una solución" para esta cuestión.

Doblas, que ha destacado que los letrados de prisiones no tienen entre sus funciones el asesoramiento jurídico a presos, ha insistido en que hay que arbitrar los mecanismos para la efectiva prestación de este servicio, "sea o no con un convenio tripartito entre la Junta, el Gobierno y el Colegio de Abogados". "La Consejería tiene que coger el toro por los cuernos para que se restablezca", ha concluido.