El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha garantizado este miércoles en el Congreso de los Diputados que "en ningún caso" el Gobierno establecerá medidas que limiten el derecho de información en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal; desde su departamento, además, aseguran que no se contemplan sanciones a medios de comunicación que publiquen información que esté bajo secreto de sumario.

Según la propuesta del nuevo Código Procesal Penal elaborada por una comisión de expertos designados por el Gobierno, publicada este miércoles por el diario El Mundo, el juez, de oficio o a instancia del fiscal, podría ordenar a un medio de comunicación que cese en la difusión de noticias sobre un proceso judicial. Ruiz-Gallardón ha matizado que lo que se hará es limitar el máximo posible cualquier "perturbación" del secreto del sumario.

El Ministerio, que en octubre llevará el redactado de la ley al Consejo de Ministros, ha explicado que el texto no adoptará medidas contra los informadores, siempre y cuando su publicación no colisione con el derecho a la intimidad o al honor de los ciudadanos con la publicación de informaciones que puedan considerarse "difamantes". En ese caso, han destacado que la regulación actual ya da potestad al juez para que resuelva esos conflictos.

El ministro, por su parte, dice que el Ejecutivo, en cualquier caso, sí debe adoptar medidas y que, dentro de ellas, "la más importante" será la limitación de la duración de los sumarios. "No se pueden prolongar indefinidamente los sumarios declarados secretos" porque "acaba perturbando el buen fin de los mismos".

Sin embargo, ha añadido, que la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) establece que el derecho de información es de carácter preferente y que "en ningún caso en la ley de enjuiciamiento que presente el Gobierno se establecerá ninguna medida limitadora del derecho de información".

En el Foro de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el titular de Justicia calificó este martes de "preocupante" que la resolución final adoptada por los jueces o los jurados populares pueda verse "condicionada" como consecuencia de un "prejuicio formado por la opinión pública" durante la fase de instrucción o en la celebración del juicio.

"Solicito que se piense también en los derechos de los ciudadanos imputados, encausados y defendidos. Tenemos que pensar en ellos. La tutela judicial efectiva puede verse severamente perturbada si esa opinión pública es capaz de trascender en la conformación de un prejuicio que puede modificar una resolución", dijo.

La propuesta del nuevo Código Procesal Penal fija un plazo máximo de doce meses para mantener secreta la investigación y recoge que el tribunal podrá acordar, "previa ponderación de los intereses en conflicto", el cese de la difusión cuando un medio la divulgue, siempre y cuando pudiera comprometer "gravemente" el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados.

La propuesta de la comisión institucional dedica un capítulo específico a la "Publicidad de las actuaciones" en el que regula la presencia de los medios de comunicación en el juicio, la información del proceso o la prohibición "excepcional" de revelar determinadas informaciones cuando es necesario para preservar el orden público, la seguridad nacional, los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes, entre otros motivos.

En este último apartado, se contempla la posibilidad de que "si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados".

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) han advertido de que limitar las noticias que los medios puedan publicar sobre sumarios judiciales "coarta la libertad de información" y "retrotrae a España 30 años atrás".

"En una sociedad democrática como la española no entiendo que a priori y antes incluso de la publicación de una noticia ya se amenace", ha señalado la presidenta de la FAPE, Elsa González, quien ha considerado "inconcebible que una ley de este tipo prospere en una sociedad democrática". "¿En cuántas ocasiones si no se hubiera filtrado algunos de esos sumarios no se hubieran destapado corrupciones?", se ha preguntado.

González ha indicado que la FAPE ya remitió al ministro una carta expresando su rechazo a la medida y continuará tomando medidas para tratar de evitar que prospere, porque "entorpecerá la labor del periodista y aportará casi censura y autocensura" a los medios de comunicación. "La calidad democrática depende el ejercicio del periodismo", ha recordado.

Por su parte, el portavoz de la APM, Nemesio Rodríguez, ha rechazado "rotundamente" la medida, que ha catalogado de "censura previa" que "atenta directamente contra la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos" y supone "un retroceso" en las libertades conseguidas durante la democracia. "Es una medida absolutamente rechazable, que nos retrotrae a 30 años atrás", ha señalado.