La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una condena de 15 años y medio de cárcel al exalcalde del Ayuntamiento de Marbella Julián Muñoz, actualmente en prisión, en el marco del juicio por el caso 'Saqueo II' derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999.

Inicialmente, Anticorrupción pedía una pena de cárcel de 13 años y medio por la presunta comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado contra la Seguridad Social, delitos a los que ha añadido el de asociación ilícita.

Para el exgerente de la sociedad Planeamiento 2.000 y principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, el Ministerio Fiscal ha pedido una pena de 13 años de cárcel por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y un delito contra la Seguridad Social y para la ex primera edil Marisol Yagüe ha rebajado en seis meses la petición de pena, solicitando finalmente tres años de cárcel por malversación de caudales públicos.

En cambio, el Ministerio Público ha solicitado para el también ex alcalde de Marbella Pedro Román, para quien inicialmente había pedido 11 años de cárcel, una condena de 13 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita y un delito contra la Seguridad Social.

Las penas que solicita el Ministerio Público para los imputados en esta causa oscilan entre los tres y los 15 años y medio de cárcel, y ha levantado la imputación a tres exempleados de sociedades municipales de Marbella: Francisco Javier Herrera, Francisco Merino y Eduardo Gonzálvez.

En la lectura de conclusiones y ante el tribunal de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN), el fiscal José Grinda ha imputado a los acusados los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil y un delito continuado contra la Seguridad Social y ha añadido la comisión de un delito de asociación ilícita y el atenuante de dilaciones indebidas.

GIL,

"la cúspide de la pirámide"

En relación con el delito de asociación ilícita, el representante del Ministerio Fiscal ha sostenido que el exalcalde de Marbella Jesús Gil y Gil era la "cúspide de una pirámide" constituida con "ánimo de lucro" y con "opacidad" por miembros que se van incorporando "sucesivamente" a ese proyecto, no político, sino "criminal".

Así, ha indicado que en el entramado creado por Gil había un "reparto de papeles", en el que "determinadas" personas que eran los "jefes" como "Pedro Román, Julián Muñoz y Juan Antonio Roca" y ha destacado la existencia de "vocación de permanencia", pues "no hay dejación de sus funciones" por parte de los imputados.

El fiscal José Grinda ha insistido en que se constituyó una "auténtica asociación ilícita, una auténtica asociación criminal" y que los procesados, a través del "poder" obtenido de las sucesivas victorias electorales en el municipio marbellí, hicieron uso del "engaño continuo" para financiar el "lucro personal".

La Fiscalía ha destacado la "opacidad" del entramado societario, que gestionaban "abogados como el señor Modesto Perodia", encargados de administrar objetos sociales "de caucho" que, en su opinión, "no responden al servicio público, que sirven para cualquier cosa" y que recibían también "transferencias de caucho" otorgadas "a bulto" por planes de actuación "inexistentes".

Sobre el delito de malversación de caudales públicos, el Ministerio Fiscal ha defendido que los imputados, concejales y otros, tenían "uso y dominio" de los fondos del Ayuntamiento y de las sociedades municipales y "no han justificado" a donde van, al tiempo que ha remachado que "cada una" de las falsedades en documento mercantil eran el "medio" para cometer la malversación. "Da igual que se lo hayan apropiado o no", ha afirmado.

Por último, ante las afirmaciones de algunos imputados que han dicho a lo largo del juicio que hacían todo lo que ordenaba Jesús Gil, el fiscal ha indicado que "algunos" dejaron sus cargos y que "otros se fueron y volvieron". "Sería el colmo que porque alguien tenga una u otra personalidad esté justificado realizar actos delictivos. No puede ser obediencia debida a Gil", ha enfatizado.