Las medidas fiscales incluidas en el anteproyecto de ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización mermarán la recaudación del Estado en 2.000 millones entre 2014 y 2015, aunque parte de esa cantidad se recuperará en los años posteriores.  

Según los datos facilitados por fuentes del Ministerio de Hacienda, la cifra resulta de sumar el impacto del nuevo régimen de IVA (983 millones menos en 2014), el de los cambios en la deducción por reinversión de beneficios (624 millones menos en 2014) y el de los cambios en los incentivos fiscales a la I+D (427 millones menos en 2015).

En concreto, las fuentes han explicado que el nuevo sistema de reducirá la recaudación del impuesto en 983 millones el año que viene. Esta situación afectará a partes iguales al Estado y las comunidades autónomas, que sufrirán la pérdida de recaudación en los anticipos que reciben de la administración central.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que esperan recuperar esos 983 millones en 2015, ya que la medida sólo retrasa la recaudación, no la rebaja, y los potenciales beneficiarios tendrán que liquidar sus cuentas con Hacienda en el siguiente ejercicio fiscal. Además, confían en que otras iniciativas del Gobierno pendientes de aprobar que afectarán al Impuesto de Sociedades y a Impuestos Especiales compensen la reducción de ingresos del primer año.

El nuevo sistema de IVA permitirá abonar el impuesto cuando se cobre la factura y no cuando se emita. Hacienda asegura que ha puesto en marcha una medida de este tipo para hacer frente a las tensiones de liquidez que sufren en estos momentos muchas pymes y autónomos.

Así, a partir de enero de 2014, la declaración del IVA repercutido tendrá lugar cuando se produzca el cobro total o parcial del precio a los clientes y el derecho a la deducción del impuesto soportado nacerá cuando se produzca el pago a proveedores.

La medida será de carácter voluntario y beneficiará a 1,3 millones de personas físicas y 1 un millón de pymes, aunque incluye una serie de obligaciones formales aplicables a las operaciones acogidas para garantizar el control, como la elaboración de un libro de registro que permita comprobar los datos necesarios.

Otra de las grandes medidas fiscales de ley es la deducción del 10% por reinversión de beneficios a empresas con un volumen de negocio inferior a los 10 millones. Esta iniciativa entrará en vigor este mismo año y reducirá la recaudación en 624 millones en 2014 (547 en Impuesto de Sociedades y 77 en IRPF).

Al tener en cuenta las dos medidas, se observa que ambas recudirán en casi 1.500 millones la recaudación estatal el año que viene, según los cálculos del Gobierno. Esta medida beneficiará a unas 200.000 personas físicas y 185.000 sociedades de reducida dimensión.

Tras el cambio implementado por el Gobierno, la tributación definitiva de los beneficios invertidos y no distribuidos baja y se sitúa entre el 15% y el 20%. La reinversión podrá aplicarse en el mismo año de la deducción o en los dos posteriores y se tendrá que mantener el activo empresarial al menos durante 5 años.

Por su parte, la futura ley incluirá también incentivos fiscales a la I+D con efecto desde el 1 de enero de 2013. El cambio elimina los límites en la cuota para que los que no se podían aplicar íntegramente la deducción puedan hacerlo.

Los requisitos de la medida es que transcurra al menos un año desde la finalización del periodo impositivo en el que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. Así, aunque la medida entre en vigor en 2013, nadie podrá beneficiarse de ella hasta 2015. Por este motivo, esta iniciativa producirá una pérdida de recaudación de 427 millones en 2015 y no en 2014.

Además, la iniciativa, de la que se podrán beneficiar más de 4.000 empresas, se vinculará al mantenimiento del empleo y a la reinversión del importe de la deducción a gastos e inversiones en actividades de I+D en los dos años siguientes.

El Gobierno ha incluido también en el anteproyecto la ampliación de la figura del 'patent box' (reducción de rentas procedentes de determinados intangibles) para las cesiones de activos intangibles que se realicen a partir de la entrada en vigor de la ley.

Esta figura pretende estimular la realización de actividades de creación de conocimientos técnicos con aplicación industrial en el marco de una actividad innovadora de manera similar a países como Holanda y Bélgica. Así, la cesión en el uso a terceros de esos conocimientos tiene un tratamiento especial en Sociedades, puesto que los ingresos obtenidos de esta actividad se integran en la base imponible del impuesto en un 50%.

Los ingresos susceptibles de reducción son los procedentes de la cesión del derecho o explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos y derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

Hacienda ha aprovechado la ley de emprendedores para elevar del 50% al 60% la deducción de las rentas obtenidas de activos intangibles y se elimina el límite máximo. Además, amplía el ámbito de aplicación al permitir la reducción en la base imponible no sólo a entidades creadoras de activo, sino también a las que lo adquieran y después lo cedan para obtener ingresos.

Por otro lado, el Gobierno ha desarrollado la figura del 'business angel' con la fijación de una deducción del 20% en el IRPF con una base máxima de 20.000 euros al año a los particulares que aporten capital semilla a una empresa de nueva creación. Sin embargo, se limita la participación de cada contribuyente y sus familiares directos en la entidad hasta un 40%.

En la desinversión (cuando se vende la participación temporal en el negocio) habrá una exención total de la ganancia patrimonial que se genere, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.

Inicialmente, Hacienda estima que se podrán beneficiar de esta medida más de 1.000 empresas y que el coste, íntegramente asumido por el Estado, ascenderá a unos 6 millones de euros en 2014. Los requisitos son amplios, ya que los fondos propios de la entidad no pueden superar los 200.000 euros y las acciones o participaciones deberán permanecer en el patrimonio del contribuyente entre 3 y 12 años.