El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, José Luis Saz, ha explicado que la futura ley autonómica de Subvenciones, de la que este lunes ha presentado el anteproyecto, pretende que haya "transparencia en el gasto público", que en este ámbito se eleva a los 1.700 millones de euros en el presupuesto de la Comunidad, así como "acrecentar los controles" para mejorar la "eficacia y eficiencia" de las ayudas.

En rueda de prensa, ha dado a conocer un texto que este martes se aprobará en Consejo de Gobierno, y que ha deseado que pueda recibir el visto bueno de las Cortes de Aragón este año, para recordar que es uno de los compromisos del discurso de investidura de la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi.

El consejero ha señalado también que "más de la mitad" del primer informe de la Cámara de Cuentas de Aragón "tiene que ver con la actividad subvencionada" de la Comunidad autónoma y con esta ley el Gobierno "asume" esas indicaciones.

Saz ha expuesto que la futura ley regulará las subvenciones que concedan el Gobierno de Aragón y sus organismos autónomos, las entidades de derecho público y los demás organismos o entidades dependientes de la Administración de la Comunidad autónoma. Así, será de aplicación a las entidades locales, sus organismos y entidades.

El consejero ha detallado algunas de las novedades del nuevo texto, como limitar las ayudas al 80 por ciento de la actividad del beneficiario y ser precisa la autorización, tanto para subvenciones de más de 900.000 euros para un único destinatario, como para las convocatorias que en su conjunto superen los cinco millones de euros.

Además, los beneficiarios deberán estar al tanto de sus obligaciones tributarias y no tributarias con la Administración que concede la ayuda y las entidades locales deberán tener fiscalización de la Cámara de Cuentas y presentar planes de racionalización del gasto o de equilibrio financiero, si así fuera necesario, para poder recibir una subvención.

Otras exigencias

Saz ha comentado que con el nuevo texto legislativo, si en el transcurso de la ejecución de la subvención "hay un cambio", quien disfruta de la ayuda deberá comunicarlo al órgano competente. Por otra parte, los solicitantes de una ayuda para una actividad para la que ya hayan percibido anteriormente subvenciones, deberán justificar el cumplimiento de los requisitos en estas últimas.

El consejero ha manifestado que la concesión de subvenciones directas tendrá que hacerse por resolución o convenio, y deberá justificarse el motivo por el que no se efectúa convocatoria pública, así como aportar información exhaustiva sobre la actividad subvencionada y las obligaciones del beneficiario.

Ha añadido que se deberá dar información semestral de estas subvenciones, y también de las nominativas, que el Departamento de Hacienda y Administración Pública trasladará a las Cortes de Aragón.

Igualmente, la nueva norma obligará a dar publicidad a las bases reguladoras, las convocatorias, los beneficiarios, las cuantías, las subvenciones directas o las sanciones.

Base de datos de infractores

El nuevo texto contempla la creación de una base de datos de infractores, incluyendo los casos graves y muy graves, respecto a lo que Saz ha argumentado que si se publica la concesión de una subvención, también se debe dar a conocer si esta se ha incumplido en sus objetivos o en su justificación, "y que hay reintegro" para la Administración.

El consejero ha sostenido que la ley regulará de forma más detallada que lo hace la normativa estatal el desarrollo de planes estratégicos, para un "mejor aprovechamiento de los recursos al disponer de información sobre la utilización y destino de todos ellos".

Así, permitirá una mayor acomodación de los créditos de los siguientes ejercicios y el seguimiento conjunto de diversas ayudas que actúen sobre un mismo objetivo general, contribuyendo a la "eficacia" de las actuaciones y al desarrollo social y económico de la Comunidad autónoma.

La futura ley fija un contenido mínimo para las características básicas de condiciones, plazos, rendición de documentación y medidas de garantía respecto a los convenios con las entidades colaboradoras.

Comprobación material

La nueva norma modifica la cuantía de las subvenciones para cuya comprobación ha de solicitarse la presencia de un representante de la Intervención General, que será para aquellas de más de 200.000 euros.

Asimismo, se regula la obligación, en subvenciones plurianuales, de realizar una comprobación parcial cuando el importe de una anualidad exceda del 40 por ciento de los pagos realizados sobre el total del importe concedido, de forma que se incrementa el control sobre la ejecución real paralelamente al pago también parcial.

Con relación al pago de las subvenciones, se ordenan los casos en los que se podrán prever exenciones a la presentación de alguna documentación y, sobre el control, se refuerza el papel de la Intervención General para verificar el cumplimiento de las gestiones realizadas por los Departamentos con relación a los expedientes de reintegro derivados de los informes de control financiero, al tener que dar cuenta a la misma de las medidas que se adopten.

Igualmente, en caso de discrepancia entre un informe de control y el criterio del órgano gestor sobre la necesidad de iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención, será el Gobierno de Aragón el que tome la decisión definitiva al respecto.